La propuesta para abolir la Corte de Constitucionalidad causa estupor en la opinión pública nacional y en el entorno internacional que se interesa por lo que sucede en nuestro país.

Con esa iniciativa se está afilando una cuña en la que pueden ser sentados, en un futuro cercano, los firmantes de la iniciativa, sus partidos políticos, y cualquier ciudadano, funcionario, dignatario o magistrado, cuyos actos molesten a los círculos políticos dominantes.

Ese tribunal de jurisdicción privativa, considerado uno de los más grandes aciertos de la Asamblea Nacional Constituyente, es esencial para preservar y perfeccionar el Estado de Derecho que hace la diferencia entre un país civilizado y los pueblos de las cavernas.

Afortunadamente no todos los diputados piensan como los autores de la mencionada iniciativa y hay que confiar en que al final de cuentas el pleno del Congreso se inclinará por proteger los más elevados intereses de la población y no por la destrucción del Estado Constitucional de Derecho.

Los diputados deben tener presente que la historia los aplaudirá o los condenará si fortalecen o destruyen el poder constitucional, hasta hace poco tiempo respetado y encomiado, y sin el cual la administración de justicia quedará gravemente enferma.

A un buen legislador no escapará que su responsabilidad consiste, principalmente, en ceñir su conducta a los más altos intereses de la población y entenderá que hay que salir de un Estado de injusticias para elevarlo a un sitial donde prevalezca, como debe ser, el principio de primacía de la Constitución sobre cualquiera otra norma legal.

La Corte de Constitucionalidad tiene un papel esencial en el control de la constitucionalidad, responsabilidad vital en un país donde el abuso de poder ha hecho, en determinados tiempos, tabla rasa de los derechos humanos.

Molesta, como es comprensible, la sensibilidad de personas poderosas que habían sido intocables, aun cuando hubiesen incurrido en hechos criminales que han obligado al Estado a crear tribunales de mayor riesgo para conocer y resolver muchos casos de alto impacto.

Han salido a la palestra pública varios exconstituyentes dándose golpes en el pecho y pidiendo perdón por haber creado —sin pensarlo bien— ese “monstruo” llamado Corte de Constitucionalidad, aficionado a frenar los abusos del poder y a proteger el orden constitucional, lastimado por hechos con visos de ilegalidad.

Pero hay otros constituyentes que consideran un acierto y un honor haber creado ese alto tribunal y es que la jerarquía de la justicia constitucional es de una utilidad insustituible para la población, porque pone coto a la arbitrariedad de funcionarios poderosos. O, dicho en palabras, la Corte hace efectivo el principio según el cual las normas constitucionales son vinculantes para gobernantes y gobernados.

Y si existiendo la Corte pasan cosas horribles, como ese intento de procesar a los magistrados, es de imaginar el caos que habrá sin ese alto tribunal.

Diputados, ármense de valor, no se presten al juego venenoso contra la justicia constitucional. Salgan del Congreso con la frente en alto, y no con la cola machucada.

En los Estados Unidos un juez de California, atendiendo una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles, dictó una orden judicial que impide a la administración del presidente Trump terminar el programa TPS que protege a inmigrantes de cuatro países de la orden de deportación. Y varios jueces más han hecho lo mismo. Así funciona el Estado de Derecho cuando existe respeto oficial por la Constitución.