En la prostitución infantil es un hecho imposible de negar que no hay voluntad ni una decisión consciente de quien sufre el vejamen de esta agresión. En demasiados casos se trata de niñitas víctimas de sus propios parientes e incluso de sus padres o madres, lo que asegura que son seres inocentes. Si es despreciable y digno de rechazo y de castigo el tráfico de mujeres adultas, que casi siempre caen en redes de quienes las engañan ofreciéndoles trabajo que no es prostitución, obligar a las menores a prostituirse rebaja los límites de la más abyecta condición humana.

Las consecuencias psicológicas y de otro tipo para las niñas víctimas no solo son innegables, sino en demasiadas ocasiones imposibles de borrar, sobre todo cuando hay intervención paternal o maternal. Cuando se conviertan en madres, muy probablemente repetirán el esquema, tendrán problemas serios para mantener relaciones estables y, peor aún, podrán ver esta inhumana presión como si encajara dentro de los cánones de la normalidad.

Por aparte, quienes son clientes de este tipo de prostitución sin duda tienen aberraciones psicológicas que pueden llegar incluso a condiciones psicóticas y a la criminalidad. Sin embargo, ello no justifica que queden sin castigo, sobre todo cuando se trata de bandas como la capturada la semana anterior y entre los apresados se encuentren estos cómplices directos de la agresión sexual a las niñas, que para colmo eran ofrecidas por catálogos y en las páginas de internet.

La investigación de las autoridades debe continuar para capturar a las madres o abuelas que conscientemente participan en este asqueroso negocio, pero no detenerse allí, sino hasta buscar a cualquier tipo de hombres, sin importar sus cargos, para capturarlos bajo la acusación de agresión sexual a menores.

La Procuraduría de los Derechos Humanos y otras entidades del Estado, así como las instituciones privadas que se relacionan con la niñez, tienen ahora la obligación de participar en la lucha contra estas redes de criminales infrahumanos. Es importante, además, instar a las niñas y adolescentes a declarar, pero también a que sus palabras sean tomadas en cuenta y no queden en el vacío a causa de artilugios legales.

Una prueba de que el problema es serio en el país lo constituye la cantidad de madres-niñas: tienen un hijo cuando apenas comienzan la primera decena de años de su vida. La forma de enviar un mensaje claro y contundente es la aplicación severa de las leyes, que existen, pero por el miedo a las consecuencias, las víctimas no se animan a denunciarlo.