El 14 de enero del 2011, el expresidente Álvaro Colom remitió al Congreso la iniciativa de Ley de Tarjetas de Crédito. En ella hace una amplia exposición de los antecedentes, funcionamiento, legislación en otros países y la práctica nacional.

En el contenido de su iniciativa busca establecer un marco jurídico para la operación de las tarjetas de crédito y los principales aspectos que incluye, los desarrolla en ocho capítulos que abarcan un amplio contenido tanto informativo como de propuestas.

Se tocan, por ejemplo, los aspectos contractuales y de financiamiento; la capacidad de pago del solicitante; reglas claras en cuanto al límite de crédito y plazo del contrato; conocimiento claro y preciso de lo que el consumidor pagará por los recursos que utilice; contrato entre el emisor y el tarjetahabiente que incluya sistema de infracción, vigencia y transmisión; contenido de la tarjeta de crédito; extrafinanciamiento y reestructuración de la deuda; intereses pactados, moras y otros cargos por servicios; estado de cuenta puntual y claro en sus términos y comprobante de transacciones que respalde el consumo y retiros en efectivo del tarjetahabiente.

Estos capítulos tratan que la relación entre el emisor y el tarjetahabiente sea clara, sana y responsable de ambos lados y no siga existiendo mala intención, cobros ocultos, manipulación de la información y secretividad de parte de los emisores.

De acuerdo a esta iniciativa, todas las reformas fueron consensuadas con la Asociación de Medios de Pago de Guatemala, entre cuyos miembros se encuentran los emisores de tarjetas de crédito. La opinión de la Superintendencia de Bancos, a través de su exdirector Lic. Édgar Barquín, concluyó en que “no es necesario introducir modificación alguna al proyecto de enmienda de ley…”.

El Lic. Érick Coyoy, exministro de Economía, dictaminó que “a juicio de esta dirección, el proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito guarda congruencia con la Constitución Política de la República de Guatemala, ajustándose el desarrollo de su estructura a la técnica jurídica”.

También conoció el proyecto y dió su dictámen y visto bueno la Procuraduría General de la Nación, así como la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del presidente (Colom). Finalmente, el 5 de abril del 2011, el pleno del Congreso conoció esta iniciativa y lo registró con el No. 4330.

La otra iniciativa fue presentada el 15 de marzo del 2013, por el diputado del PP Luis Fernández Chenal, esta comprende dos aspectos principales: clonación y una reforma a la Ley de Bancos, para que sean estos los que asuman la responsabilidad del pago del seguro para las tarjetas.

Ambas iniciativas, de ser aprobadas como ley, darían un respiro a los ciudadanos que se ven abrumados por los excesivos cobros de intereses, capitalización de estos y moras, pero también los usuarios de las tarjetas estarían más informados y conscientes de lo que implica hacer uso de ellas, sabiendo que la tarjeta no es dinero extra, sino un préstamo que se debe pagar con altísimos intereses y mora si se atrasan o solamente hacen el pago mínimo.

Insto a los actores de ese entónces, Ing. Álvaro Colom, Lic. Édgar Barquín, Lic. Erick Coyoy y Roberto Alejos y al actual diputado Fernández Chenal, para que por medio de sus partidos representados en el Congreso, desengaveten estas iniciativas y luchen para que sean transformadas en leyes.

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