Nadie debe dudar de la inventiva de los chapines para burlar las normas. La última comprobación de esto ocurrió el miércoles en el Congreso, donde los diputados jugaron con la tabla de presencia en el hemiciclo y de esa manera no se realizó la discusión ni la aprobación o el rechazo de la creación del Consejo de la Administración Judicial. Las autoridades parlamentarias acertadamente decidieron solo permitir el ingreso de 80 personas, 40 de opositores y 40 apoyadores del tema, quienes se mantuvieron sin lanzar arengas, y solo aplaudieron en apoyo de algunas de las decisiones. Sin embargo, se cumplió la fácil profecía de advertir sobre el resultado: ese tema fue bloqueado y quedó por ello para su discusión posterior, sobre todo fuera del Organismo Legislativo.

Las aguas se calmaron. Quedó evidenciada la exageración y simplismo de las posiciones de los bandos, lo cual constituye, como decían los ancestros, un limón del cual se puede preparar una limonada, en este caso en los campos político, legal y constitucional. En este asunto existen tres posiciones muy bien definidas: quienes rechazan tajantemente las reformas; quienes las apoyan casi visceralmente, y quienes están de acuerdo con la necesidad de realizar algunos ajustes a ciertas leyes, incluyendo la Constitución. Este último grupo, creo yo, tiene la mayor cantidad de miembros y posee la característica de tener conciencia de la importancia de esa tarea y por ello de la urgencia de realizarla sin aspavientos y con un espíritu de buscar el beneficio de la generalidad.

Dentro de esa tarea de buscar tal beneficio sobresale el necesario análisis de los cambios propuestos. Esto debe comenzar con un estudio realizado por académicos y conocedores del lenguaje acerca de las palabras empleadas, no solo por asuntos de estilo, sino para evitar la posibilidad de interpretaciones y con ello el beneficio a un sector en detrimento de otro. El sistema legal se beneficia con esto porque de esa manera se eliminan palabras mal empleadas, o ambiguas, o el cambio de significado de las frases como consecuencia de una puntuación deficiente. En otras palabras, un documento de semejante importancia para la vida nacional no puede darse el lujo de estar mal escrito, y aunque su base obvia es el lenguaje jurídico, este debe ser asequible a la mayoría poblacional.

Otro análisis importantísimo lo constituye el referente a las consecuencias de los cambios aprobados. Las explicaciones al respecto deben ser claras, transparentes, y el proceso debe ser igual en la totalidad de los cambios sugeridos, tratados de manera individual. Esto resulta fácil, hasta cierto punto, pero lo complicado es imbuir en quienes escriban los cambios y en aquellas personas en cuyas manos caiga la responsabilidad de trabajar con estas nuevas reglas, el espíritu de actuar de cara a la historia, para lo cual es imprescindible tener cierto orgullo y respeto por el propio nombre. Por aparte, se debe evitar en lo posible no pavimentar el camino a un infierno, y tomar en cuenta criterios técnicos, vistos con una pizca de suspicacia, o sea de pensar mal para acertar.

Los efectos politiqueros deben evitarse. Por ejemplo: si a la elección de magistrados de Apelaciones, se le agrega la de Constitucionalidad y el Fiscal General, se convierte en un botín tentador para los grupos de poder. Ahora, los jueces de primera instancia tienen un período de cinco años, prorrogables automáticamente cuando su evaluación es satisfactoria, y esto debería ser aplicado a los magistrados, con lo cual —me dijo un amigo abogado— no hay necesidad de tentar a la Constitución, y se pueden aplicar criterios similares a los de otros procesos evaluativos de este tema en América Latina. Lo menciono como un ejemplo del tipo de análisis serenos necesarios. Ya pasó la bulla, se disipará el humo de la pólvora ideológica, y se podrá intentar un documento útil.