LOS NÚMEROS TIENEN LA particularidad de ser fríos y de permitir interpretaciones en base a datos comprobables. Si una actividad económica cualquiera involucra 15,094 quetzales por hora, nos permite comprender su importancia porque equivalen a un poco más de cuatro veces los 3,656 quetzales mensuales del sueldo de un maestro en sus primeros cuatro años de trabajo docente. Esos 15,904 quetzales, al multiplicarlos en el tiempo, significan 362,252 diarios y 132.2 millones anuales, es decir, 1,190 millones en nueve años ininterrumpidos, una suma suficiente para formar una línea de casi nueve veces la distancia entre los dos polos del planeta Tierra con billetes de Q1, o de una sola vez si los billetes empleados son de cien quetzales.

ESTOS CÁLCULOS, CREO, son muy útiles para comprender la magnitud del dinero empleado por el Estado de Guatemala para el sistema de transporte publico municipal conocido como Transmetro, el cual utiliza para manejarlo la modalidad de un fideicomiso, figura también empleada para otros asuntos por las municipalidades de Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y Chinautla. Todo se complica porque la figura del fideicomiso es utilizada, en la práctica, porque permite dejar fuera cualquier tipo de participación a las entidades dedicadas a controlar el manejo de los fondos obtenidos de los impuestos, como la Contraloría General de Cuentas, a causa de una interpretación muy discutible, por no decir inaceptable, de esa figura jurídico-económica.

CARLOS MOLINA MENCOS, un abogado constitucionalista integrante de la última constituyente —de 1984— ve el asunto mencionado hoy dentro de la perspectiva jurídica y señala la inconstitucionalidad de esta forma de actuación, así como su decisión de hacer una consulta a la Procuraduría General de la Nación. De sus declaraciones recientes al respecto, llama la atención su frase “el problema radica en que a nadie le interesa” plantear la inconstitucionalidad del asunto. En un país donde ahora una acción irregular de 90 mil quetzales envía a prisión preventiva a quien la comete, quienes sean acusados de mal empleo de esos recursos deberían, por elemental lógica, recibir igual tratamiento una vez superado el derecho de antejuicio.

POR ENÉSIMA VEZ, EL USO de fideicomisos para manejar fondos del Estado se presenta como una manera de evadir controles, lo cual es característica de la administración edil capitalina, encabezada por un remedo de monarca déspota. Ya es momento de exigir un dictamen de las más importantes entidades jurídicas del país, porque existe el serio riesgo de “fideicomisar” todo el dinero de las comunas del país. Los fríos y claros números sirven para encontrar explicaciones o al menos dar luces sobre el o los porqués de las actuaciones de los funcionarios, en cuanto a, por ejemplo, el rechazo o el pavor causado por la posibilidad de investigaciones o siquiera de informaciones periodísticas acerca de ese alud de dinero manejado sin control alguno.

PROTESTO. Los hijos de los políticos, sobre todo si son niños, tienen el derecho al respeto. Punto. Es infame la frase “Barron (Trump) será el primer tirador escolar de este país educado en casa”, producto de la insania de Katie Rich, guionista de un programa cómico estadounidense y lanzada por medio de un “tuit”. Es válido, necesario y justificado criticar a su padre, pero comparar a ese niño con los jovenzuelos escolares asesinos en serie, rompe toda norma de decencia. De hecho, el bostezo de él y la carita de aburrimiento de un nieto de pocos años mientras su abuelo Don firma algo, humanizaron el ingreso de Trump a la presidencia. No pidieron estar allí, ya sufren y sufrirán por las críticas. Una razón más para respetarlos.