Cuando el señor Pérez nombró a Michelle Martínez ministra de Ambiente casi nadie había oído hablar de ella en círculos ambientalistas. La vi por primera vez en acción este lunes, en la entrevista de A las 8:45, y me dio miedo. Una mujer exquisitamente cínica —que solo tiene conocimiento superficial de las ciencias ambientales, a quien le importan un bledo el ambiente y la naturaleza— es la responsable de que se cumpla la legislación ambiental y es quien la viola impunemente. Luce tranquila porque sabe que sus espaldas están perfectamente guardadas por personajes con mucho poder: quienes idearon el desfalco de Amatitlán, quienes lo impusieron y quienes lo ejecutaron.

Por otra parte, cuando Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar —acusados de sabotear una hidroeléctrica en Huehuetenango— fueron detenidos por segunda vez, solo instantes después de haber sido liberados por falta de pruebas en su contra, tienen que haber sentido miedo también. Porque saben que a ellos no hay quién pueda guardarles las espaldas.

Algunos consideran que la gente de comunidades remotas y abandonadas no tienen derecho de defender los sitios en donde apenas sobreviven, desde siempre. Se etiqueta como conflictivos a quienes no quieren que les quiten o contaminen el agua. La mayoría de estos ciudadanos hacen esfuerzos desesperados por mantener una defensa pacífica, pues saben que quienes quieren la riqueza que se esconde en las entrañas de sus tierras son poderosos y están bien armados. Y saben que no hay institución pública capaz de enfrentar a los que delinquen, roban y contaminan desde el Gobierno.

Cuando el resto de la población se dé cuenta de que la destrucción de la naturaleza es una de las peores desgracias, será demasiado tarde. Ya es tarde, pero todavía tenemos recursos importantes que tendríamos que defender, pues de ellos depende nuestra calidad de vida. Hemos advertido sobre las consecuencias del desequilibrio ambiental desde hace varias décadas.

El ecologismo fue motivo de burla, luego de su descalificación, hasta llegar a la aceptación. Ahora lo “eco” es moda. Pero adoptar un estilo de vida verde no es suficiente. Nuestro patrimonio está siendo tomado por asalto y parece que los únicos empeñados en su defensa son los pueblos y comunidades que resisten la explotación de la naturaleza a escala industrial.

La indignación ciudadana podría alterar el desenlace del negocio de explotación de la naturaleza, si se sostiene tanto tiempo como sea necesario. Si no se mantiene visible, los servidores públicos que transan con nuestros recursos seguirán adelante, como si nada, como hasta ahora.

Mucho más complicado es el caso de los líderes comunitarios. No todos son iguales y los casos son muy diferentes, pero todos tienen derecho a una justicia pronta. Eso está 98 por ciento lejos de cumplirse. Eso es inmoral e inaceptable. Más aún cuando quienes violan —o inducen a violar— las leyes son los funcionarios públicos de mayor jerarquía.