Desde que el Gobierno difundió el video del allanamiento realizado por el MP y la Cicig a las instalaciones de la SAAS, se veía venir que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), integrado por el círculo más cercano del presidente, declararía a Iván Velásquez un peligro para la seguridad nacional.

Para los “estrategas” gubernamentales esa era una vía expedita y “legal” que les permitiría tomar decisiones respecto de la permanencia del funcionario internacional. Tenían incluso redactado un acuerdo gubernativo que debía ser firmado por todos los integrantes del gabinete. El informe del CNS estaba destinado a acompañar la decisión de la no renovación de la visa del comisionado colombiano, pero aprovechando su salida del país, se utilizó como fundamento para negarle la entrada.

Si dibujáramos una línea de tiempo, veríamos el adelanto de una acción que estaba prevista para cuando venciera el permiso migratorio del comisionado. En cambio, observamos una carta (3/9), calzada con la firma de una funcionaria de migración, en la que se ordenaba no dejar entrar al comisionado por “razones de orden y de seguridad pública”.

El guion sufrió una alteración en el tiempo y en las circunstancias, que resultó beneficiosa para las intenciones de Jimmy Morales y sus adláteres. Una cosa era sacar a Velásquez y otra, muy distinta, no dejarlo ingresar. La salida voluntaria del comisionado hizo que los efectos colaterales disminuyeran notablemente para el gobierno.

Hasta ahí todo parecía un escenario triunfal para el Pacto de Corruptos, al punto que se hicieron visibles a través de entrevistas en los medios, los maquiavélicos personajes que están detrás de las maniobras diplomáticas para tirar al traste la lucha contra la corrupción y deshacerse del “molesto” comisionado.

Sus declaraciones nos permitieron corroborar que fueron ellos quienes desarrollaron la estrategia de acercamiento con el secretario de Estado, Mike Pompeo, vía la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikky Haley. También quedó claro que cuando el gobierno percibió que el respaldo de Washington al jefe de la Cicig presentaba una fisura, aprovechó para hacer el anuncio de la no renovación del mandato de la Comisión, aduciendo que la ONU no dio respuesta a las quejas del gobierno y, como quien dice, se dedicó a “entretener la nigua”.

Pero el triunfalismo marea y es mal consejero. Sintiéndose infalibles, Morales y su séquito empezaron a dar pasos en falso. El mandatario se peleó públicamente con la Usac, que tras el cambio de rector había adoptado una postura mesurada, y la puso en pie de guerra. Para evitar manifestaciones de rechazo como las de Xela, sacó al ejército a las calles y ordenó registrar incluso a bebés y niños que participaban en las fiestas de independencia, lo que generó masivo rechazo ciudadano; y, por si fuera poco, vía el embajador guatemalteco ante la ONU, desautorizó públicamente al secretario Pompeo (su “aliado”) con la propuesta de una Cicig “reformada”.

Pero el mayor balde de agua fría le cayó encima al gobierno la noche de este domingo 16/9, cuando la CC —en sentencia unánime— resolvió que el comisionado Velásquez puede entrar a territorio guatemalteco y que esa orden debe ser obedecida. Así las cosas, sus expertos constitucionalistas intentarán retorcer la sentencia y “reinterpretarla” y, cuando no vean otro camino, surgirá el argumento de que no reciben órdenes ilegales.

La CC resolvió. Ahora nos toca a la ciudadanía este 20 de septiembre respaldar la movilización de la Usac para dejarle claro a Jimmy que es él quien nos está saliendo muy caro.

@MarielosMonzon