El pasado jueves, el actual jefe de la SAT, Carlos Muñoz, daba también su versión y reconocía que el desorden en esa entidad impide hacer más eficiente su labor, y atribuía esas deficiencias a la existencia de feudos  que de alguna manera imposibilitan la comunicación interinstitucional y, en consecuencia, hacen más complicado el trabajo. Sin duda alguna, han de existir muchas otras razones que justifican los reiterados cuestionamientos por muchas de las carencias en esa institución.

Es interesante atender uno de los conceptos utilizados por el  superintendente, y la palabra feudo  la define el diccionario, en una de sus acepciones, como “territorio en el cual alguien ejerce su influencia”, lo que implica  reconocer algo que también siempre se ha sabido y es que existen espacios de poder en esa institución que indudablemente dificultan las labores, y si estos obedecen a factores externos, podrían obstaculizar mucho más la tarea de las autoridades, que verán reducido su poder para imponer un mínimo de orden.

Pero también se  entendería  el feudo como un territorio de poder infranqueable, donde señores más poderosos podrían incluso ejercer  mayor influencia para entorpecer el trabajo de los funcionarios, y en este caso  estaríamos hablando de las mafias, que desde hace décadas son relacionadas con la defraudación tributaria, el contrabando y otros ilícitos que históricamente han contribuido a debilitar de manera sensible la obtención de tributos, y eso no solo es de mayor relevancia, sino que juega un papel crucial en las pérdidas de millonarios recursos.

Otro feudo que puede ejercer una distorsión parecida a la que probablemente se refiera el jefe de la SAT es el de las aduanas, que prácticamente ha salido de su esfera, al haber sido nombrada una interventora por parte del Gobierno, y eso constituye otra anomalía que no se puede justificar, sobre todo porque los gobernantes deben ser los primeros en apoyar la institucionalidad para poder  exigir resultados. Lo que tampoco es prudente sostener es una figura como la de la intervención, que tampoco ha dado resultados.

Esto puede ayudar a comprender por qué  el ente recaudador no logra cumplir con sus metas, pero también por qué  persiste un desorden interno que tampoco se solucionará con la contratación de empresas externas, porque se corre el riesgo de que se complique más la situación. Lo malo de todo esto es que se repite un modelo pernicioso que ya ha dado muestras de  inviabilidad, pues no se puede ser eficiente donde no se respetan las jerarquías  ni los procedimientos, ya que ello solo conlleva al debilitamiento de las instituciones y de quienes las dirigen.