Las noticias sobre fenómenos naturales relacionadas con el agua se repiten año con año. Aparecen en primera plana durante las canículas informes sobre sequías que afectan a gran cantidad de la población, el Corredor Seco es el escenario de escasez de agua y fotos de cultivos en situación de marchitez permanente. El conteo de familias afectadas se usa como caudal político al recibir dádivas por parte del Gobierno, y se incluyen en la lista, además de los afectados, personas que se aprovechan de la situación. Los ministerios llamados y responsables a apoyar manifiestan siempre no contar con los recursos para paliar la situación, ni con las previsiones para enfrentar la problemática. A los pocos días, las noticias son sobre inundaciones. Las lluvias caen implacablemente, provocan desastres y destruyen obras mal construidas.

Guatemala es un país sin una ley ni institución a cargo “del agua”. Se utiliza un mínimo porcentaje del agua existente en el territorio nacional. A pesar de que la cantidad de agua es considerablemente alta, está mal distribuida. En el invierno la vemos correr torrencialmente sobre la superficie del suelo arrastrando nutrientes y basuras que van a parar al mar. En el verano las fuentes se secan y dejan sin el líquido vital a buena parte de la población y a los suelos cultivables. Los agricultores en su mayoría están atenidos a las lluvias que caen del cielo, las que cada vez se vuelven más irregulares, y que supeditan los cultivos a una sola cosecha anual.

La infraestructura necesaria para captación, conducción, así como la distribución del agua, debería ser una prioridad para este país, pero para ello se necesita también una ley transparente “del agua”. A la fecha se han presentado al Congreso 18 iniciativas de ley “del agua” que están engavetadas. Los intereses son oscuros y divergentes, con manifestación de intereses particulares y muchas veces espurios. Guatemala es el único país centroamericano que no cuenta con una ley de este tipo.

El orden legal del agua ayudaría al país para su desarrollo. Captar agua en el invierno y almacenarla para su uso en el Corredor Seco durante el verano es un recurso que el país debió de hacer hace muchos años. Tenemos agua suficiente para regar todos los terrenos cultivables de la nación y con ello sacar más cosechas al año. Pero para ello se necesita una planificación de riego a nivel nacional. Podríamos recibir asesoría de países como Israel y España, que están en disposición de ayudar, y en donde el agua para riego es un servicio autosostenible parecido al de consumo humano.

Según investigaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 95% del agua está contaminada, hay poco acceso a la población, el recurso está prácticamente privatizado y algunos productores han tomado ríos completos para su aprovechamiento. El Instituto Geográfico Nacional reporta la existencia de 550 ríos y riachuelos, 38 de ellos se consideran “grandes ríos”, con tres vertientes: la del Pacífico, la del Atlántico y la del Golfo de México. La disponibilidad anual de agua se estima en 97,120 millones de metros cúbicos, de los que aproximadamente 33% es subterránea renovable. A pesar de que el recurso es abundante se manifiesta déficit en ciertos lugares y épocas del país.

Cuando se tiene un recurso abundante con problemas de distribución, lo que denota es una mala planificación. El Estado debe ordenar el uso e invertir en infraestructura para almacenar y para servirla adecuadamente en los lugares en que se necesite. Pueden realizarse proyectos autofinanciables, con intereses blandos que permitan llevar agua potable a todas las poblaciones y, además, agua para irrigar los campos de cultivo del país.

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