Cuando asesinaron al obispo Juan José Gerardi se activó —casi de inmediato— una estrategia de desinformación y desprestigio. Se mantuvo durante años y fue variando conforme avanzaron las investigaciones y, luego, mientras se desarrollaba el proceso penal.

Pocos días después del homicidio, quisieron instalar la idea del “crimen pasional” e hicieron correr todo tipo de rumores en contra del religioso. Tiempo después, las calumnias alcanzaron a los investigadores y fiscales del caso. Más tarde, cuando dio inicio el juicio, el blanco predilecto fueron los jueces que integraban el tribunal.

Todo con tal de desviar la atención respecto de los motivos reales del asesinato político del obispo Gerardi Conedera y de mantener en la impunidad a quienes lo ordenaron y lo planificaron. De forma muy parecida sucedió en el caso de la antropóloga Myrna Mack Chang. También en los procesos judiciales por genocidio, por violencia sexual contra las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco, y en contra de la familia de Marco Antonio Molina Theissen.

A las mujeres indígenas que fueron víctimas de esclavitud sexual y laboral en un destacamento militar se les acusó de ejercer la prostitución. A la familia Molina Theissen de mentir respecto de la desaparición forzada de Marco Antonio —hubo quienes, incluso, afirmaron que habría estado presente durante el juicio haciéndose pasar por otra persona— y a los testigos del caso por genocidio les señalaron de haber “vendido” su testimonio. El objetivo: cuestionar su idoneidad.

Y así podríamos seguir citando ejemplos de cómo la desinformación y el desprestigio contra las víctimas y sus familias, contra testigos, peritos, fiscales y jueces independientes han sido una constante en este país. No se trata de acciones aisladas, de ocurrencias ocasionales o de casualidades, son parte de la cultura de las redes criminales y de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs). Son parte de las estrategias de inteligencia y forman parte del plan.

Se trata de crear y difundir mentiras y hacerlas pasar como verdaderas. También de mezclar los planos. Hay ataques dirigidos a los casos y hay otros que se enfocan directamente en la vida privada de las personas involucradas en un proceso judicial, a manera de restarles credibilidad.

Lo importante de esta estrategia es confundir a la opinión pública, colocar un manto de duda sobre la investigación pero, sobre todo, sabotear los procesos judiciales y garantizarse impunidad. Para estos propósitos se utilizan como cajas de resonancia algunos medios y, en estos tiempos, las redes sociales, que multiplican hasta el infinito las falsedades y las medias verdades. Hay personas que genuinamente —sin tener un interés particular o formar parte de estas redes o de los netcenters— replican los argumentos y los hacen suyos, precisamente porque éstos están construidos a partir del análisis del comportamiento de los grupos sociales y los valores que lo sustentan.

En efecto, la comunicación es un eje esencial en los planes de acción de los poderes oscuros. Les ayuda a cumplir sus objetivos de confusión y encubrimiento. Así como hay expertos para diseñar y echar a andar una estrategia jurídica maliciosa —retardo en los procesos, abuso del amparo, retorcimiento de la ley—, hay especialistas en manipulación de opinión pública y en campañas de desinformación. Todo se articula, todo es parte del plan.

Mi solidaridad con el fiscal Juan Francisco Sandoval.

@MarielosMonzon