Esta es la segunda ocasión en  que el congreso estadounidense condiciona la ayuda para el país, en especial aquella que está relacionada con  créditos que otros organismos internacionales otorguen al país. Debe tenerse presente que buena parte de millonarios préstamos están detenidos en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo desde este año  mientras la administración de Otto Pérez no cumpla satisfactoriamente con requerimientos de un resarcimiento a las víctimas de la hidroeléctrica Chixoy.

Vale la pena recordar que previamente, en el año 2013, durante una exposición de motivos para el primer condicionamiento que se decretó para el 2014, la cual fue   planteada por los legisladores ponentes,  habían quedado en un borrador comentarios acerca del involucramiento de las fuerzas militares  en las operaciones de seguridad ciudadana, pero ese apartado quedó fuera del decreto que llegó a la Casa Blanca para que lo ratificara el presidente Barack Obama.

Esta vez,  no solo dicho  apartado quedó incluido en el nuevo condicionamiento, sino que ahora el acuerdo va mucho más allá, y es todavía específico en solicitar el enjuiciamiento de militares que hayan estado involucrados en violaciones a derechos humanos, y aunque no se dan más explicaciones, el sentido común indica por dónde marchan esos requerimientos.

Una de las más naturales reacciones como guatemalteco es plantear un rechazo categórico hacia este nuevo planteamiento, pero eso sería eludir la responsabilidad interna que nos corresponde,  y en ese sentido cabe recordar que muchos de los gobiernos precedentes, hasta el actual, han buscado evadir los acuerdos para el resarcimiento de muchas de las víctimas, como es el caso de Chixoy, lo cual no ocurre con otros grupos, como es el de los ex patrulleros de Autodefensa Civil.

Solo en cuanto a  las víctimas de la hidroeléctrica construida en   1978, para lo cual fueron desalojadas varias comunidades, una de las quejas recientes, de las que seguramente los congresistas estadounidenses habrán recibido suficiente información, es que el Gobierno intentó burlarlos, tratando de dividir en cuatro el primer pago. Obviamente, fuera de Guatemala las cosas funcionan de manera diferente y ahora llega esta respuesta.

Ese tipo de medidas no dejan de parecer prepotentes, pero mientras los gobiernos guatemaltecos continúen por la ruta del irrespeto a las víctimas o beneficien solo a aquellos sectores que a ellos les interesan, no deben extrañar reacciones más drásticas, pues no se puede hacer funcionar un sistema de espaldas al exterior.