Mientras la clase política (Hichos, Medrano, Muadi, Godofredo, Mazariegos y otros están en la lista negra de Washington por vínculos con redes de corrupción y narcotráfico), el empresariado tradicional (temerosos de que gane Baldizón y transando en última instancia, dándose baños de probidad al ser parte de La Línea e IGSS-Pisa) y la Cicig/Embajada de los Estados Unidos (alineando a los malandrines de la cosa pública, reconfirmando su poder en el Triángulo Norte y disputándole hegemonía a la UE y a los Brics), de común acuerdo instalaron las Mesas Técnicas en el Congreso de la República para entrampar las transformaciones estructurales que necesita el Estado (no el Gobierno, ni mucho menos la Administración Pública), el ecocidio en el río La Pasión ha pasado desapercibido políticamente, un claro ejemplo de que debemos construir un nuevo Estado, responsabilizar al sector privado y empoderar a la sociedad civil (comunitarios de Sayaxché, los más afectados).

La masacre socioambiental ha sido colosal, los impactos nocivos en la biodiversidad y en los ecosistemas no tienen precedentes en el país (aproximadamente 180 kilómetros de destrucción de flora y fauna, afectadas un sinnúmero de especies endémicas y en peligro de extinción), cuya tesis principal es el desfogue de plaguicidas (principalmente de malation y otros) utilizados por Repsa en las plantaciones de palma africana. Las familias Molina Espinoza y Molina Botrán conforman el holding agroindustrial HAME (propietarios de Repsa y Olmeca), vinculados empresarialmente con las familias Köng, Weissenberg, Aguirre Fernández, entre otras.

Empero, me parece oportuno reflexionar sobre las siguientes premisas: ¿Cuál es la diferencia entre este ecocidio y las 14 muertes de pacientes renales vinculadas al caso IGSS-Pisa, ambos son hechos siniestros y antibioéticos, o no? ¿Qué tiene que pasar realmente en Guatemala para que emprendamos una revolución ciudadana hasta transformar de fondo el Estado, pues ya hemos vivido casi de todo y no logramos desmontar las estructuras del extractivismo, corrupción, impunidad, racismo, desigualdad y degradación ambiental? ¿Acaso los terratenientes finqueros no comprenden que los excesos que cometen son el caldo de cultivo perfecto para la rebelión campesina, el populismo político, la lucha armada indígena y que están cavando su tumba, ya que el monocultivo de la palma no es un motor de desarrollo económico sostenible? ¿Cómo garantizar que las leyes a reformar en el Congreso (cosmetismo político-institucional, pues no se le entrará a una Asamblea Nacional Constituyente), permitan tener en lugar de criados del capital a funcionarios de alto nivel con capacidad de penalizar los desmadres de los oligarcas?

A manera de colofón, ese trillado Estado de Derecho —que pregonan cuando les conviene los liberales y libertarios—, debe hacerse cumplir en el caso del ecocidio del río La Pasión, por los daños irreversibles en lo económico, social y ambiental, afectando a comunidades pobres (pesca artesanal y agua para consumo humano), y además porque son bienes de dominio público. Es decir, nos pertenecen a todos y a todas.

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