El año que está por terminar siguió marcado por las acciones contra la corrupción del Ministerio Público (MP) y la Cicig, en medio de un ambiente cada vez más hostil propiciado por las fuerzas que tratan de eliminarlas. A mediados de año se conoció la existencia de un plan para asesinar a Thelma Aldana y se dijo que habría estado involucrado el capitán Byron Lima, que luego fue ultimado en la granja penal Pavón. El 12 de diciembre, Prensa Libre editorializó sobre el viaje que un grupo de empresarios y políticos hizo a Washington para pedir el retiro del embajador estadounidense Todd Robinson, a quien ven como la mano detrás de la Cicig. La página de CMI le puso nombre a ese grupo y en esta dirección pueden ver quiénes son https://cmiguate.org/conspira-el-nucleo-del-g-8-contra-el-embajador-robinson/ El resultado del viaje habría sido negativo para el sector privado y de apoyo para el embajador.

El presidente Jimmy Morales ha significado quizá la mayor frustración este año porque no representó el cambio que proponía. Al contrario, ha demostrado que la nueva política es más de lo mismo. No solo aceptó la inclusión de 27 tránsfugas en la bancada de su partido FCN-Nación, sino que intervino para que la presidencia del Congreso para el próximo año quede en manos de sectores oscuros, proclives a detener la lucha contra la corrupción. El mandatario que llegó al poder con la consigna de “Ni corrupto ni ladrón” informó que su patrimonio es de Q8 millones en febrero, Q3 millones más de lo que dijo durante la campaña proselitista. Además de demostrar una actitud hepática y de rechazo a los requerimientos de la prensa, algo que contrasta con su discurso a favor de la transparencia que ofreció cuando era candidato presidencial.

En abril, la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, presentó una denuncia penal por agresión verbal y psicológica contra ocho diputados de FCN-Nación, a quienes acusó de racismo y discriminación. El diputado oficialista Édgar Ovalle también afronta un antejuicio por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Pero no solo el bloque oficial ha hecho méritos para hundir al Congreso. Esta Legislatura no aprobó la enmienda que permitía la participación para cargos de elección popular en igualdad de condiciones para los indígenas. Otra situación igual ocurrió con el rechazo a la participación equitativa en elecciones de las mujeres. Encabezados por el FCN-Nación, cuya mayoría de diputados tránsfugas provienen del PP y Líder, los diputados eligieron una junta directiva señalada de responder a los intereses de las mafias que han saqueado las arcas del Estado.

Este año tampoco ha sido positivo en materia judicial. A la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegó Silvia Valdés Quezada, quien fue apoyada por la alianza de los partidos Líder y PP, principalmente de Roxana Baldetti. El acuerdo buscaba garantizar que no hubiera procesos penales contra dirigentes políticos de ambos partidos. Entre los operadores que negociaron el apoyo a Valdés Quezada estaban Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS y señalado por fraude en compra de medicinas, y Baudilio Hichos, ahora prófugo de la justicia. Se sabe también que Valdés Quezada es cercana al presidente Jimmy Morales, lo cual genera dudas sobre la independencia del organismo que preside. De esta forma, si el 2015 fue el año de la plena lucha contra la corrupción, en el 2016 hubo un retroceso en los organismos del Estado en su compromiso por la transparencia.

@hshetemul