Al presidente Jimmy Morales le estallaron dos conflictos en su primera semana al frente del Ejecutivo. De la primera, el nombramiento de Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones; salió bien librado con la salida de la susodicha, pero aún falta ver la evolución de los acontecimientos con la pugna que existe en el seno de las Fuerzas Armadas, a raíz de la captura de 18 oficiales militares en retiro, más la solicitud de antejuicio contra el coronel retirado Édgar Ovalle, quien de paso es el secretario general adjunto del actual partido de gobierno. La acción de inconstitucionalidad que promovió el general Alfredo Sosa Díaz, cuando aún era jefe del Estado Mayor del Ejército, era una evidencia de que representaba a un sector castrense que intentaba favorecer a sospechosos de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado.

La acción interpuesta por Sosa Díaz fue el 12 de enero, o sea durante el mandato de Alejandro Maldonado Aguirre, quien, como constitucionalista, sabía muy bien que esa acción de insubordinación de un general que tenía bajo su mando a toda la tropa militar no podía ser tolerada y procedía su inmediata destitución. Sin embargo, a Maldonado Aguirre, que era el comandante general del Ejército, le tembló la mano y no quiso arriesgarse, con lo cual trasladó esa brasa ardiente a su sucesor. El nuevo presidente tampoco quiso cortar por lo sano. El día 19, la Corte de Constitucionalidad rechazó la acción de Sosa Díaz y tres días después su abogada presentó una solicitud de antejuicio contra el ministro de la Defensa, general Williams Mansilla Fernández, por dar información pública del Ejército al Ministerio Público (MP). La pugna castrense había salido a flote.

Tras la acción de Sosa Díaz estaría la mano de la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua), de la cual son miembros la mayoría de militares capturados y cuyo objetivo ha sido construir una versión distorsionada de la historia: “Los generales y coroneles retirados están siendo juzgados por defender a la patria de la amenaza terrorista, es una injusticia que toquen a los héroes de la guerra”. Según el MP, ninguno de esos militares ha sido detenido por haber peleado contra la guerrilla ni haber matado insurgentes en combate. Las investigaciones de la Fiscalía indican que 14 militares están señalados de haber participado en la desaparición y masacre de población civil no combatiente. Las evidencias son contundentes: en la antigua base militar 21 de Cobán fueron encontradas osamentas de 558 víctimas, entre ellas niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos, con señales de tortura y violencia irracional. Otros cuatro ex jefes castrenses estarían involucrados en el secuestro y desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años.

El recambio en la cúpula militar con la destitución de Sosa Díaz y otros oficiales permitiría que se reduzca la incidencia del sector castrense aglutinado en torno a Avemilgua y que la oficialidad en activo comprenda que no se trata de una cacería de brujas contra el Ejército, sino únicamente contra quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en el pasado. De la actitud del presidente Morales a favor de la justicia y de su alejamiento de esas estructuras castrenses viciadas dependerá en mucho que vuelva la calma en el instituto armado. Guatemala está cambiando y la depuración debe llegar a todas las instancias del Estado.