Otro ejemplo de esto lo constituye el caso del nuevo y también fracasado intento de hablar siquiera sobre una desobediencia al texto constitucional, cuya gravedad hace que sea motivo de cárcel para quien lo sugiere, sin importar si es ciudadano común o si se encuentra en un puesto de cualquier nivel de jerarquía dentro del andamiaje estatal.

El presidente Otto Pérez Molina, quien al principio no fue tajante al rechazar la idea de prolongar el período para el cual fue electo en el 2011, y como consecuencia del unánime rechazo general y de la posibilidad de un cisma dentro del partido oficial se decidió a hablar con claridad meridiana de que no está interesado —pero tampoco puede— en permanecer más de los cuatro años en el poder.

Eso fue el martes pasado, pero ayer pareció haber cambiado de opinión cuando reiteró que es buena la idea de analizar la posibilidad de cambiar la Constitución, pero además adelantó opinión de que esto se puede hacer sin convocar a una Constituyente. Irónicamente, eso ocurrió dos días antes de que se celebre el trigésimo aniversario de la instalación de la Constituyente de 1984.

En dos días el presidente hizo dos declaraciones contradictorias, sobre la primera debió haber mantenido el discurso desde el principio, y la segunda es algo que jamás debió haber pronunciado. Es notorio también que diputados patriotistas que comentaron el asunto desde hace dos o tres meses, ahora tratan de justificarlo diciendo que no era en serio. El hecho es que las opiniones de funcionarios y diputados siempre deben ser en serio, especialmente cuando se refieren a temas de Estado y de gobierno.

La interpretación de los hechos políticos es una actitud válida. En este caso, no se puede criticar a quienes señalan que lo referente a alargar el período presidencial, de diputados y de alcaldes, solo era una cortina de humo para desviar la atención de temas graves, como lo son la aprobación del préstamo de los 280 millones de dólares otorgados por el BCIE sin asumir ninguna responsabilidad, y la Ley de Telecomunicaciones, que tiene demandas de inconstitucionalidad en nueve de sus 12 artículos.

Varias veces hemos señalado el riesgo de declaraciones inoportunas, por lo que implican, intencionalmente o no, directamente o no. La principal tarea del presidente Pérez Molina debe ser evaluar a quienes lo asesoran o le sugieren actuar o hablar en determinada forma. Mientras no lo haga, continuarán los casos como el hoy comentado, que lo colocan en el resbaladizo campo de las contradicciones a sí mismo.