Días antes también se supo de la indemnización que a su vez le correspondió a la exmagistrada Thelma Aldana, de la Corte Suprema de Justicia, quien recibió casi un millón de quetzales por ese concepto, al verse obligada a renunciar por asumir la dirección del Ministerio Público. Este ha sido un concepto muy rebatido, por considerar que  estos funcionarios estarán en sus cargos por periodos fijos, y  en consecuencia no debería proceder ningún pago de esa naturaleza.

Ayer también se informaba en nuestra edición que el Congreso tendrá un aumento en su presupuesto de Q113 millones para el 2015, lo que representa un incremento de más del 21 por ciento y para lo cual tampoco existen los fondos debidos, como se puede comprobar con la sequía en las arcas públicas en lo que va del presente ciclo, donde la recaudación tributaria no alcanza a cumplir las metas porque los presupuestos de varias instituciones crecen desmesuradamente y se alejan de los montos que se logran recaudar.

En el caso del Congreso, como en casi todo el sector público donde el dispendio es repudiable, se ha incurrido en una falta de conciencia porque muchos de los gastos no están acordes con la realidad financiera del país y se insiste en sostener pactos colectivos leoninos que han llevado a extremos incomprensibles los salarios de algunos empleados  que resultan ganando mucho más que profesionales calificados, solamente por cumplir con acuerdos que no solo debieran ser renegociados sino  puestos en consonancia con la crítica situación   que atraviesa el país.

Por ello, porque nadie parece poner un poco de orden para que prevalezca  la racionalidad, es que todos continúan por la ruta del dispendio, porque al final los contribuyentes están aletargados y no reaccionan a la insana prisa que la burocracia lleva para repartirse los mejores dividendos, lo cual solo podría cumplirse  con una mejora del sistema de recaudación tributaria o un incremento de  impuestos a los guatemaltecos, para  satisfacer la voracidad de quienes pueden recetarse beneficios económicos sin que nadie les ponga límites.

En el fondo, no se trata ni siquiera de si lo que ganan muchos de los funcionarios guatemaltecos es bueno o malo, sino que hay  cifras que desentonan y  actitudes de quienes parecen vivir divorciados de la realidad  que afronta Guatemala, cuya situación financiera pasa por una de sus peores crisis. Tampoco hay que soslayar que la irresponsabilidad en el gasto ha sido una constante durante los últimos gobiernos, y mientras no se haga un uso responsable de los recursos públicos  tampoco se debería tolerar el despilfarro.