El contraste es grande. Por un lado, el presidente de manera serena reconoció el jueves en el Palacio de la Cultura la necesidad del consenso y del diálogo, recogidos en un pacto ambiental suscrito ese día con amplio respaldo. Pero por otro lado, es conocido el berrinche presidencial del martes, en Guastatoya, donde planteó la imperiosa necesidad de apoyar, sin crítica alguna, la iniciativa de salarios diferenciados. ¿Esquizofrenia del presidente? No. Lo más probable es que estos contrastes se expliquen por el origen y naturaleza diferente de ambas iniciativas. El pacto ambiental suscrito el jueves pasado fue impulsado de manera transparente, con sustento técnico y una metodología clara de negociación por el ministro Andreas Lehnhoff. Contó con el concurso de autoridades nacionales y locales, oenegés especializadas en medioambiente y recursos naturales, centros académicos, algunas organizaciones sociales, cooperativas y el sector privado. La iniciativa de salarios diferenciados fue impulsada de manera unilateral y opaca por un centro de estudios asociado al Cacif, sin mayor sustento técnico, con la complicidad de altos funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Economía. Se fundamentó en la fe de que los salarios bajos generan más inversión. Y no buscó consensos.

El pacto ambiental no es perfecto. No hubo acuerdos en ciertas áreas. No está claro cómo se va a financiar esta iniciativa. Los masivos despidos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas demuestran que el financiamiento ambiental es un problema acuciante. Pero, como indicó el propio presidente, el pacto es un punto de partida, no de llegada. Merece el apoyo del próximo gobierno.

La iniciativa de salarios diferenciados, en cambio, ha sido víctima de su debilidad técnica y de su origen inconsulto. La Corte de Constitucionalidad ya decidió suspender transitoriamente la validez del acuerdo gubernativo que le daba vida. Pero de haber seguido vigente podría haber reducido en vez de fomentar la inversión. Realizar inversiones con base en un acuerdo gubernativo que podía revertirse no es racional desde la perspectiva empresarial. Además, al ya concretado riesgo legal se suma su impopularidad y posibilidad de generar conflicto. Por ello, y aún sin cuestionamientos legales, existía una alta probabilidad de que el acuerdo gubernativo fuera suspendido por un próximo gobierno. A ello se agregaba su posible incompatibilidad con acuerdos internacionales. Guatemala ya está sujeta a un proceso, acusada de no asegurar el respeto de los derechos laborales, dentro del marco del tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos. La iniciativa de reducir salarios mínimos para competir podría haber sido un nuevo motivo de denuncia. Invertir en un país donde se acuden a estas prácticas para atraer la inversión podría afectar el prestigio de empresas internacionales, que cada vez más buscan proyectar una imagen de responsabilidad social. El acuerdo gubernativo podría haber ahuyentado inversiones destinadas a Guatemala.

Ahora vendrá una nueva embestida para pelear por privilegios fiscales. ¿No sería mejor impulsar un pacto social para la inversión con vistas a reducir la pobreza, de manera que incluyera a todos los empresarios, pero especialmente con apoyos a los pequeños y medianos productores en los municipios más pobres, con una alta proporción de población indígena? ¿No sería eso mejor que proporcionar privilegios fiscales a empresas ya establecidas e incapaces de competir, o buscar atraer inversiones en cuatro municipios sin mayor población indígena?