La modorra en el Congreso empieza a sacudirse con una abierta disputa por el protagonismo. Ayer se intentó romper la inactividad que ese organismo lleva por más de dos meses y se intentó restablecer las sesiones, justo cuando eran insistentes los rumores sobre una eventual aprobación de la normativa sobre inversión y empleo, que recientemente empezó también a ser conocida como la ley Baldizón, aunque en esta ocasión todo quedó en amagos.

Lo cierto es que esa iniciativa está llamada a fracasar, al menos en el corto plazo, pues de pasar como está planteada se convertiría en un argumento de promoción para el partido Líder, porque desde hace días la esgrime como una pieza de propaganda, lo cual, ante el inexorable inicio oficial de la campaña electoral, es visto como una imprudencia por parte de las filas patriotistas, que tenían una propuesta similar desde mucho antes. El alegrón de la reactivación duró apenas unos cuantos minutos, pues las tensiones e intereses encontrados se trajeron abajo el quórum.

Aunque ahora los patriotistas buscan ganar protagonismo en el impulso de la ley y no quieren dejar ventaja a los lideristas, se trata de una lucha estéril para la Nación, pues ambas propuestas tienen en común la amenaza de agrandar el agujero fiscal, ya de por sí enorme. Lo que los dos partidos no confiesan es el devastador impacto que tal normativa tendrá en las arcas públicas, las cuales dejarán de percibir cerca de dos mil millones de quetzales si la ley queda aprobada como está.

En definitiva, es una irresponsabilidad impulsar esa norma cuyo nombre puede sonar bien para promoción, pero que incumple con lo que la Organización Mundial de Comercio pide, que es terminar con los privilegios de un sector que ha amasado fortunas a costillas del proteccionismo pagado con subdesarrollo y falta de servicios. Tal situación es ya de por sí vergonzosa, como para que, encima, venga un grupo de políticos a plantear todo lo contrario y pretenda impulsar un paquete de privilegios que en todo caso beneficiarían a unos cuantos diputados y personajes que se hacen llamar empresarios generadores de empleo.

Guatemala ya tiene suficientes ejemplos en su historia reciente de esperpentos legales que solo han beneficiado a pequeños círculos que ni siquiera han tenido la capacidad ni la intención de modernizar la economía e incorporarse proactivamente a un Estado moderno en el que todos tributen según sus ganancias. Eso es lo que volverá a ocurrir con este nuevo engendro legal, que además propone que, durante décadas, empresas anodinas dedicadas a la construcción y a la importación de maquinaria dejen de pagar impuestos, como si no fueran sectores que han visto crecer sus fortunas a la sombra del poder.

Si ya la misma Superintendencia de Administración Tributaria emitió un dictamen desfavorable cuando el partido oficial intentó aprobar una ley similar, menos debería pasar esta iniciativa, cuando todos los beneficios recaerían en el supuesto partido opositor, a menos que la rumorada componenda partidaria realmente exista, en una especie de pacto de insospechadas consecuencias para la Nación.