La publicación del listado de plazas en el Congreso ha abierto una enorme cloaca que confirma la grave corrupción sufrida no solo en ese organismo, sino en el Gobierno en general. Ordenado por el nuevo presidente, Mario Taracena, ese documento provocó una enorme secuela de reclamos, acusaciones y, sin duda alguna, rumores que amenazan con desestabilizar de inmediato a la desde hace mucho tiempo irresponsable instancia legislativa.

El martes, el diputado Luis Rabbé, presidente saliente de ese organismo y protegido de la televisión abierta, respondió de manera exaltada a una reportera de Guatevisión que le preguntó sobre los criterios para contratar y decidir los sueldos de las personas cercanas a él que llegaron al Congreso durante su período. Además cometió el abuso de decirle: “Si sigue pensando así, en su vida particular no va a congeniar con nadie”, una imperdonable e impertinente agresión. Ayer, en su programa de radio, acusó a ese canal y a Prensa Libre de estar entre los “medios de confusión social politizados”, para los que, dijo, “soy un invisible”.

Es un incidente penoso protagonizado por quien el jueves anterior sufrió una apabullante derrota en su intento por presidir el Legislativo por un segundo período. Fue señalado el día del cambio de gobierno de haber pretendido votos favorables a su reelección a cambio de conceder plazas a quienes lo apoyaran.

La acción de Taracena abre la puerta a investigaciones sobre cómo han sido las contrataciones para personal del Congreso en las directivas anteriores. Se ha sabido que existen demasiados casos de plazas fantasmas, y que hay humillantes exigencias de todo tipo a cambio de conceder un puesto de trabajo. No importan las calidades profesionales ni la experiencia de quienes reciben la plaza, porque para los corruptos la contratación de personal supone un cobro ilícito que les genera dinero y beneficios inmorales.

El actual presidente del Congreso debe también explicar las causas por las cuales ha llevado a la planilla a exfuncionarios de su partido, la UNE. El escándalo desatado cuando se conoció la nómina de los contratados debe orientar a quienes se rasgan las vestiduras cuando hablan de combatir la corrupción. Hasta el momento de escribir estas líneas, solo el alcalde de Mixco, Ernesto Bran, había anunciado emular a Taracena y divulgar los mismos datos, pero inexplicablemente nadie más ha acuerpado un movimiento tal y hasta han emergido excusas como las de varios diputados que ahora aseguran no haberse enterado de esas contrataciones.

Los sindicatos del Estado no son ajenos al tema. Se sabe que muchos de sus dirigentes han gestionado puestos de trabajo como parte del no escrito acuerdo de complicidad y estabilidad que les permite agenciarse inescrupulosamente de una parte del erario a cambio de no presionar a su contraparte. Ellos deben ser denunciados. Los afectados tienen que saber que si su trabajo es calificado y necesario, deben denunciar sin temor a otras represalias. Es tiempo de que Guatemala cambie. Estas denuncias son un pequeño pero importante paso en ese rumbo, por lo cual no deben detenerse en el Congreso, sino incluir a otras entidades estatales.