EN 1977, POCO DESPUÉS DE la muerte del dictador Francisco Franco, los representantes de los partidos políticos españoles, el sector empresarial y el sindical, firmaron en España una serie de acuerdos políticos, económicos y sociales. Han pasado 38 años y, si bien en ese país las elecciones de hace dos semanas parecen haber iniciado el fin del sistema bipartidista, no se puede negar la importancia de la acción decidida y cumplida desde entonces. A mi juicio, Guatemala necesita algo similar, con algunas diferencias fundamentales derivadas de la ausencia de verdaderos partidos políticos, por lo cual el Congreso cambiaría sus tarea de discutirlas, a la de aprobarlas, una vez sean aprobadas por una multidisciplinario Consejo Ciudadadano.

EN EL IMPORTANTE TEMA de la representatividad, la cumplen en mejor forma quienes sean electos por alguno de los grupos sociales, económicos, académicos. Los diputados no representan, en realidad, a ninguna porción de la sociedad. Son el resultado de una escogencia a dedo por los propietarios de los “partidos”, y el sistema de elección por planilla los convierte en personas ajenas al conocimiento de las necesidades nacionales, regionales y departamentales. A los alcaldes les ocurre lo mismo, porque si bien algunos son conocidos, los demás igualmente llegan a sus puestos por escogencia o por compra de las candidaturas. Esto garantiza la repetición de los actos corruptos, el parentelismo y amiguismo, o la mezcla de todos.

LA COYUNTURA ACTUAL presenta complicaciones contradictorias. Si no se hacen cambios a la ley electoral, para su aplicación en las elecciones de septiembre, el resultado será más de lo mismo. Aplicarlas hasta dentro de cuatro años indefectiblemente permitirá otro lapso de corrupción. Algunos cambios deben ser aprobados por quienes saldrían afectados, como por ejemplo los mismos diputados. Es una inocentada confiar en cambios positivos en estas condiciones. Mientras, la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones puede convertirse en un germen de violencia, ante la desesperación provocada por un cuatrienio adicional de abusos intolerables, causantes de las manifestaciones en casi todo el país durante los dos últimos meses.

EL PACTO NO SE PUEDE HACER entre políticos: muchos de los de hoy desaparecerán en esos cuatro años, y quienes los sustituyan no se sentirán motivados a cumplirlos. Por eso, la única manera de redactar cambios consensuados es precisamente escuchar a las voces “no-políticas” y dejar a los políticos como uno de los grupos cuyos representantes se encargarán de sugerir, discutir y aprobar en consenso los cambios necesarios. El problema de la carencia de tiempo es muy serio y debido a ello la única forma de actuar es escogiendo los temas más urgentes, aunque no sean los fundamentales. Estos quedarían para su discusión durante dos años, a fin de aprobarlos por un Congreso con actuaciones similares de aprobación y no de estudio.

PARA GUARDAR LA FORMA, el Consejo Ciudadano debería tener entre sus miembros al presidente de la República, quien mantendría ese título pero no sería “primo inter pares” (primero entre iguales), sino de “igual entre iguales”. De no lograrse, la posibilidad de la renuncia del actual mandatario adquiere cada vez más fuerza y se va convirtiendo en algo imposible de detener. Muchas personas están hablando de la refundación del Estado, tema del cual no es el momento de hablar ahora. Se deben hacer cambios a determinadas leyes, de las cuales la más urgente es la electoral y de partidos políticos. Las elecciones de septiembre deben presentar los cambios urgentes, para dejar a los otros y a los de otras leyes con dos años de discusión.

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