La formación histórica del Estado ha estado plagada de flagelos sistémicos de corte colonial como la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, la desigualdad y el racismo, que han sentado las bases del enriquecimiento ilícito —a costas del erario público—, de un grupo de oligarcas y ahora de un séquito de empresarios/políticos emergentes que tienen coludidas las instituciones gubernamentales, corroído el Estado de Derecho y descuartizada la fantasmagórica democracia criolla.

El desmantelamiento del Estado cuajó perfectamente en el régimen conservador y liberal a través de caudillos poco ilustrados, amparados por las facciones más rancias de la Iglesia, el Ejército, la oligarquía, y en ciertas coyunturas por la Embajada de los Estados Unidos, su punto de inflexión fue la Primavera Democrática de 1944-1954.

Sin embargo, esa bocanada de aire limpio duró muy poco, pronto las dictaduras militares y sus operadores civiles arribistas durante el conflicto armado interno consolidaron el gobierno de los Ciacs, dentro y fuera del Estado.

Por ello, es imperativo que el Gobierno de Guatemala prorrogue por tercera vez la continuidad de la Cicig, independientemente de los cuestionamientos en torno a la soberanía —un derecho que nunca hemos ejercido—, pues de por sí el fortalecimiento del sector seguridad y justicia reduce el mandato investigativo de la Cicig, ya que el entramado complejo de los Ciacs tiene conexiones con los partidos políticos, los grupos corporativos, las municipalidades transfronterizas, las universidades y los colegios de profesionales —mercenarismo en las comisiones de Postulación—, algunas organizaciones de la sociedad civil, equipos del futbol nacional, etcétera.

Y entonces surge una serie de preguntas: ¿Debemos fortalecer o refundar la institucionalidad pública? ¿Es realista cualquiera las dos? ¿Existe una autonomía real de la Cicig ante los Ciacs? ¿Hasta qué profundidad quiere Washington que lleguen las investigaciones de la Cicig? ¿Cuáles son los resultados estratégicos y desafíos inmediatos de la Cicig en el país? ¿Desacatarán Pérez Molina y Baldetti la orden de los yanquis, ante una inminente cacería política posfinalización de mandato?

Hoy por hoy, la muleta de la Cicig es indispensable para poner en la agenda pública el cáncer de los Ciacs, empoderar a los actores sociales para proponer alternativas de desarrollo ante un sistema político y electoral colapsado, ante un modelo económico concentrador e irrespetuoso de la legalidad y del medioambiente, y ante una ciudadanía indiferente y violenta.

Por eso, la Cicig debe continuar en el país, donde sugiero que las investigaciones deben trascender el ámbito de lo público/estatal hacia sectores como el privado organizado, la sociedad civil y los medios de comunicación, puesto que existe una connivencia perversa entre los Ciacs, y quizá más que sectores son actores individuales o familiares, a los cuales la PNC, el MP, el OJ y la Cicig deben desarticular.

No obstante, es imprescindible que la Cicig demuestre su independencia, que sea contundente y agresiva, eso aumentará su credibilidad ante los guatemaltecos.

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