“Cada Estado necesita una élite. La élite del Estado nacionalsocialista es la SS. En ella se perpetúan, sobre la base de la selección racial, conjugada con las exigencias actuales, la tradición militar alemana, la dignidad y la nobleza alemanas y la eficacia de la industriosidad alemana”, dijo Himmler en Münich, en 1933, como jefe de la Schutz Staffel (SS). Ese cuerpo de élite formado por fanáticos muy entrenados había sido creado por Hitler el 1º de mayo de 1925, para garantizar su seguridad personal.

Señales como esas se fueron dando quince años antes de la Segunda Guerra Mundial, y anticiparon lo que sería luego uno de los regímenes más crueles y sanguinarios de todos los tiempos, el nazi. Los encendidos discursos de Hitler y sus políticas populistas se fueron amalgamando con las ideas plasmadas en el libro que escribió en prisión, así como con apretones de manos con dictadores y fascistas de la talla de Mussolini y Franco. Muy pocos pudieron anticipar la tragedia que vendría después, e incluso los aliados que meridianamente intuyeron la amenaza que representaba para la humanidad, decidieron no darse por aludidos luego de que la primera guerra dejara a muchos completamente extenuados.

Siempre hay señales. Como en Guatemala desde hace décadas. Pero la cercanía, las burbujas en que se meten unos pocos y el lodo en el que viven muchos, impide hacer análisis. Y cuando los hay, no se quiere ver, porque la irreductible esperanza o los pactos de clase y grupo de interés, siempre estará primero. Todos los procesos legales que destaparon la Cicig y el MP, incluido el Transurbano, hacían ruido desde hace tiempo en muchos espacios políticos y sociales de Guatemala. Pero en medio de tanta pobreza, falta de educación y violencia, quien tiene la ley en las manos tiene el poder. Me quiero enfocar en una de esas señales que son de alarma que suena, de alarma roja, de alarma que sabe a nuevos intentos fascistas y oscuros.

Hay varias iniciativas rondando en el Congreso, que pretenden hacernos retroceder en nuestra intención democrática y están siendo apoyadas por el Pacto de Corruptos. Una de ellas es la 5239, que en su capítulo VIII, artículo 22, sobre “Terrorismo Cibernético y medios de comunicación”, dice lo siguiente: “Comete este delito quien con fines económicos, políticos, religiosos, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de la información, electrónica o similar con el objeto de generar, infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas. Será sancionado con prisión de diez a veinte años”.

Los tiempos de Hitler no fueron los tiempos de la información. Hoy, la clase política no puede hacer esto a escondidas. Lo sabemos todas las personas que estamos medianamente informadas, y esto ayuda a una mayor transparencia en las gestiones. Este solo artículo es ya una orden arbitraria y discrecional de captura para un persona que tuitea, que opina en redes, que ejerce su ciudadanía por los medios que los tiempos actuales permiten.

Usando la palabra terrorismo que encalla de la manera más superficial y simplista en mentes estrechas, quieren limitar nuestro derecho a la libre expresión, garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea que proponen otra normativa inconstitucional. Además, hay que leer bien la definición de “Acto terrorista” en esa iniciativa, porque allí cabrían muchos que han desviado ríos, destruido territorios y más. Ni bien hemos salido del silencio, y ya nos quieren volver a remitir a él. Es apenas una de las señales, pero una muy peligrosa. Los regímenes totalitarios y dictatoriales empiezan por suprimir libertades, una de ellas y fundamental, la libertad de expresión.

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