El 31 de marzo del 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) no regresaron con vida de una asignación que les dio la universidad como parte de su formación profesional, en el marco de un convenio preexistente entre la UVG y la Minera de Níquel que opera en el Estor, Izabal. Van a ser siete años de que Nahomi Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Angel de León Palacios fueron encontrados sin vida en circunstancias sospechosas que suponen que no fue una muerte accidental. Sus familiares han emprendido desde entonces una cruzada para que el Ministerio Público y el sistema de “Justicia” esclarezcan qué le ocurrió a los tres jóvenes y se diriman las responsabilidades correspondientes por su muerte. La evidencia producida por la investigación del MP apunta a asesinato. Sin embargo, van siete años de que los implicados en el caso —la minera de níquel, la UVG y el docente, tutor universitario a cargo de la visita de campo, Lemuel Valle— en lugar de demostrar su inocencia han utilizado todos los recursos posibles para dilatar el proceso, sin que el supuesto sistema de justicia haga algo por evitar tanto abuso. Más bien, al dejar hacer, dejar pasar, sin emitir reprimendas ni sanciones a los implicados ni a los jueces y juzgados que consienten tanto abuso, “el sistema” termina volviéndose cómplice de la situación.

Pareciera ser que ni la supervisión de tribunales ni la Corte Suprema de Justicia pueden al menos justificar un poco su existencia, los sueldos que devengan y privilegios que se les pagan con nuestros impuestos, y hacer una indagación interna y detener la sarta de abusos que impiden que, en siete años del proceso, siquiera dé inicio el juicio oral. Ya perdí la cuenta de las veces que se ha programado y “pasa algo” y luego, el juicio ya no inicia. Esta vez le tocó a la minera hacer la triquiñuela: siendo parte acusada en el proceso, no se presentó. Más bien se presentó al juzgado a la hora que le dio la gana y eso bastó para que, una vez más, el lunes recién pasado, 28 de enero del 2019, se suspendiera de nuevo la audiencia de inicio.

Ya podemos ver cómo basta que sea una poderosa y prestigiosa universidad privada y otra poderosa y desprestigiada empresa las señaladas en el proceso para que se consienta que, durante siete años, hayan logrado detener la acción de la justicia y no les pase nada. A esto no se le puede llamar ya “ejercer su derecho de defensa”, pues este derecho debe ejercerse en un juicio, aportando pruebas, evidencias que desvanezcan los argumentos de la parte acusatoria. Aquí no ha pasado nada de eso; simplemente buscan estratagemas dilatorias para seguir impunes hasta ver a los padres y madres de estos jóvenes desistir finalmente de su exigencia de que se esclarezca lo ocurrido con sus hijos e hija.

Quisiera, por favor, pedir a todas las personas y organizaciones que denunciaron públicamente hace unos días las injusticias del sistema de justicia que se solidaricen con los padres de Nahomi, Ángel y Juan Carlos, y exijan a estas dos empresas privadas —UVG y Minera de Níquel— que ya no jueguen más a la dilación, que ya no ejerzan presión sobre juez y juzgado, y a la Corte Suprema de Justicia para que use los mecanismos con que se cuenta para determinar en qué medida el juzgado y juez a cargo de este juicio no es presa de presiones o, peor, comparsa del tráfico de influencias u otras acciones oscuras que sabemos ya todos que tienen de rodillas al sistema de justicia guatemalteco y que se hacen mucho más evidentes cuando la asimetría de poder e influencia social y económica de una de las partes es diametralmente distinta de la que tiene la otra.