Cuando se cumple un año del inicio del fin del gobierno patriotista encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, el escándalo de su corruptela casi inimaginable se ahondó más el viernes anterior. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala anunciaron el descubrimiento de una estructura de corrupción relacionada con sobornos millonarios para lograr una oscura autorización para el funcionamiento de la nueva terminal de contenedores de Puerto Quetzal.

La larga lista de participantes está encabezada por los exfuncionarios indicados, quienes iniciaron el contubernio al asumir sus cargos. Ello implica que la decisión de saquear las arcas nacionales y de enriquecerse a toda costa ya había sido tomada por ambos, para lo cual necesitaban crear un equipo de testaferros y de otro tipo de maleantes colocados en puestos claves.

El plan abarcaba varias fuentes de enriquecimiento ilícito, una de ellas conocida como el caso La Línea, por lo que tanto Pérez Molina como Baldetti Elías guardan prisión. La acusación del nuevo caso señala que ambos recibieron “mordidas” por 4.2 millones de dólares cada uno, suma que les permitiría dilapidar durante 11 años y medio mil dólares diarios, equivalentes al sueldo anual de casi 1,100 personas que ganen cinco mil quetzales mensuales.

Un análisis basado en la simple lógica deja claro que si una empresa está dispuesta a otorgar a políticos corruptos sobornos por 30 millones de dólares, se debe a que las condiciones del contrato son absolutamente beneficiosas para sus accionistas, lo cual implica la posibilidad de inconveniencia para el país, como lo consideran representantes empresariales. Implica, además, prácticas inmorales e ilegales de quienes se benefician, y ello los convierte en cómplices, lo que se traduce en órdenes internacionales de captura.

En el proceso de limpieza de todo lo referente a los contratos del Estado y la participación de funcionarios públicos y sus compinches, salta de inmediato el tema de qué debe hacerse para evitar que estos se realicen o cómo actuar cuando han comenzado a tener vigencia. Es un tema de indudable interés nacional que debe ser expuesto públicamente con transparencia. Algunos otros temas deben ser investigados más a fondo, entre ellos las actuaciones de los sindicatos de la Portuaria, porque entre los coletazos de este asunto ya comenzaron a conocerse negociaciones oscuras que tampoco se pueden explicar si no se introduce el elemento de la corrupción.

Dentro de toda esta vorágine, el resto de instituciones del Estado debe darse cuenta de que también se encuentra en medio del huracán. Dos ejemplos muy claros son el Congreso y las cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia, que ahora ya no pueden arriesgarse a actuar sin transparencia y sobre todo sin respetar el espíritu y la letra de las leyes. Se debe comprender que la ciudadanía despertó de su marasmo tradicional y que puede decidir manifestarse públicamente como lo hizo el año pasado. Una vez comienza a lucharse contra el muro de la impunidad, es imposible regresar. La vorágine de la corruptela es cada vez más rechazada. El país exige y merece que comience el largo y difícil camino de llamar a cuentas a los corruptos.