Dentro de las constantes acciones sin precedentes emprendidas como consecuencia de las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ayer fueron apresadas por las autoridades dos personas relacionadas familiar y políticamente con el presidente Otto Pérez Molina: su yerno y ex secretario privado, Gustavo Martínez, y el exministro de Energía y Minas Edwin Rodas Solares.

La acusación contra el yerno del gobernante se refiere, en resumen, a lo que se conoce como tráfico de influencias; es decir, aprovechar la cercanía que se tiene con un alto funcionario para lograr citas y también cualquier tipo de acciones que pueden implicar corrupción. En otros países, eso es penado con especial severidad, y las consecuencias para quien lo hace siempre son desastrosas. En Guatemala, como es del conocimiento público desde hace muchos años, ese tipo de aprovechamiento indebido no ha sido considerado en su verdadera gravedad, como debiera ser.

Rodas Solares es acusado por las autoridades de tráfico de influencias, asociación ilícita y falsedad material. El ministerio que dirigió ha sido siempre motivo de suspicacias porque entre los ciudadanos no hay claridad acerca de los cientos o miles de millones que suman los contratos. Desde el inicio del actual gobierno eran muchos los rumores de acciones ilegales, reflejadas —entre otras cosas— con los cambios en el estilo de vida de funcionarios de alta jerarquía relacionados con ese ramo.

En los últimos meses, casos parecidos de acciones ilegales cometidas por parientes de gobernantes han provocado problemas serios. Un caso reciente que dejó un buen ejemplo es la reacción de la presidenta de Chile, Michel Bachellet, cuando se hicieron señalamientos contra su hijo. Aunque suene injusto, no es posible desligar la responsabilidad de los mandatarios cuando personas que han llegado por nombramiento directo se involucran en este tipo de abusos. Por esa causa, Pérez Molina se encuentra inmerso en otro hecho que le afecta directamente y que debilita su posición.

Lo ocurrido ayer viene a comprobar que el Ministerio Público y la Cicig están hablando en serio y cumplen su tarea de manera eficaz. Se debe señalar que no es culpable quien castiga porque ese es su deber, sino quien toma la decisión de participar en actos corruptos, ilegales e inmorales. El hecho de que, por desgracia, esa práctica haya sido desde hace muchos años una vergonzosa tradición en la política del país, de ninguna manera significa que se deba criticar a quienes aplican la justicia.

El momento político del país es de ebullición, pero es evidentemente a favor de los intereses nacionales. La ciudadanía ve con beneplácito que se esté comenzando a considerar la impunidad como algo inalcanzable. En el corto tiempo pasado, desde el inicio de las manifestaciones, el país es otro, con un largo camino por recorrer. Los primeros pasos son los más difíciles, y estos ya son una realidad: Aduanas y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social son solo dos de los lugares donde las investigaciones han provocado sorpresas a los corruptos. Pero no son los únicos, ciertamente.