La justicia guatemalteca tiene hoy una importante cita con la historia. Si nada extraordinario ocurre, esta mañana debe iniciarse la segunda etapa del proceso que determinará si el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrentan juicio por corrupción.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, fijó la audiencia para esta mañana; pero uno de los primeros obstáculos por sortear es que la sala asignada podría resultar insuficiente, lo cual pondría en riesgo el inicio de las deliberaciones. Solamente los medios de comunicación han acreditado más de cien periodistas, y en el proceso están encartadas 32 personas, a quienes se suman sus abogados.

En la medida en que avance el proceso, se empezarán a esclarecer los niveles de participación que tuvieron los exgobernantes mencionados, quienes junto a las más altas cabezas de la Superintendencia de Administración Tributaria y otros funcionarios en cargos de confianza están sindicados de haber defraudado al Estado por varios millones de quetzales.

Es también la primera ocasión en que Pérez Molina y Baldetti podrían encontrarse de nuevo, en circunstancias muy diferentes a las que marcaron su estrecha relación mientras gobernaron el país, de la cual ya no queda huella, como lo evidenció la exmandataria recientemente cuando dijo que no metería las manos al fuego por nadie, al ser abordada por la Prensa en otro proceso que se le sigue.

El caso es de gran trascendencia para el país, porque deben clarificarse muchas de las denuncias presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que los acusa a ambos de una millonaria defraudación al fisco, la que habrían perpetrado como cabecillas de una estructura incrustada en el Estado.

De hecho, el destape de ese escándalo, hace casi un año, provocó una de las mayores expresiones de repudio en las calles de Guatemala contra los gobernantes de turno, algo que solo se había observado en 1944, cuando miles de compatriotas participaron en protestas masivas para exigir la caída de una de las más largas dictaduras del siglo XX.

Ahora existe un debido proceso, y se espera que se consoliden las duras acusaciones que en su momento lanzaron el MP y la Cicig contra los hoy encartados, tal y como lo confesó Salvador González, quien en calidad de colaborador eficaz ofreció suficientes detalles de la vergonzosa actuación de un grupo de políticos cuyo abuso de poder no tuvo limitaciones.

Este proceso es trascendental, porque sus orígenes desataron una de las peores crisis políticas, que puso a prueba la institucionalidad, pero cuya resolución la fortaleció, algo que también podría ocurrir con el sistema de justicia, que durante los próximos días enfrentará una prueba crucial, porque por primera vez están de cara a la justicia un par de exgobernantes.

Pero este comienzo de juicio es importante, porque en el fondo también se juzgará cómo funcionan los engranajes de la corrupción.