Al mismo tiempo y por las mismas razones, el Estado implementó programas de alfabetización, muchas veces con apoyo financiero de gobiernos amigos o préstamos blandos de la banca internacional. Pero como suele suceder, desde que el mundo es mundo, la corrupción se hizo presente y hubo desvío de fondos, malos manejos y acciones espurias como que un ministro de Educación montara una pequeña industria para fabricar pupitres y venderlos al Estado al precio que mejor le conviniera, a él, por supuesto.

Desde entonces hemos visto cómo los funcionarios públicos hacen negocios con el dinero del erario en detrimento del bienestar común; de cómo las instituciones encargadas de la auditoría pública y de velar por el cumplimento de la ley se hacen de la vista gorda y de cómo se obvia todo tipo de persecución penal en contra de esos delincuentes.

Como resultado de esa mala práctica se forjó en el imaginario de esta población analfabeta, poco educada, ignorante de sus derechos y sin valores cívicos, la figura del hombre “listo”  que sabe burlar la ley, salir de la pobreza y ascender a la categoría de nuevo rico y, por lo tanto, haciendo de su actuar una apología del delito (artículo 395 del Código Penal), entendiendo por apología, lo que nos dice el diccionario: discurso en alabanza a una persona.

Según lo expone el licenciado Guillermo Alfonso Monzón Paz en su Introducción al Derecho Penal Guatemalteco, 1a. edición, Sep. 1980, P. 225: “La apología, desde el punto de vista jurídico penal, debe entenderse, para los efectos de la aplicación de la norma, como todos aquellos actos de carácter externo que tiendan a la exaltación de los delitos o de los delincuentes, como si se tratara de virtudes morales o humanas, dignas de imitación por la colectividad, cuando efectivamente se trata de conductas que atentan contra cualquiera de los objetivos de protección penal que se regulan dentro del ordenamiento sustantivo”.

Puestas así las cosas, casos emblemáticos tanto por su naturaleza como por su significado, como los de E. Ríos Montt y A. Portillo, ¿no deberían ajustarse a derecho, en lugar de coronarles de laureles, cual héroes nacionales?

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