EL GOBIERNO ANUNCIÓ DE hecho su decisión de aumentar el número de carreteras cuyo uso implique el pago de peaje. Aunque se habla de la posibilidad de una evaluación, tal incremento de este tipo de gastos para los usuarios de cualquier tipo de vehículo será una realidad en el más corto tiempo necesario para realizar esas obras, cuya longitud será de 1,250 kilómetros. El peaje consiste en el pago de un derecho de paso, y por ello al tratarse de obras públicas por las cuales los ciudadanos pagan impuestos, debe ser voluntario y además existir una opción gratuita. En el caso de las carreteras, esto es evidente y lo debe ser también la conveniencia de utilizarlas, como, por ejemplo, ser más cortas, en mejor estado, con mayor cantidad de carriles, etcétera.

EL CONTRATO DE PEAJE debe ser distinto según el caso de una carretera construida por las empresas privadas involucradas, porque en ese caso la inversión incluye adquisición de terrenos, estudios técnicos, diseño, construcción y mantenimiento, a lo cual se le debe calcular un evidente y justificable porcentaje de ganancia. Un caso distinto es cuando el gobierno construye la obra luego de realizar todas las acciones previas ya mencionadas, y la empresa privada solamente tiene la obligación de mantenerla en perfectas condiciones. Esto, con toda claridad, no solo es mucho menos costoso, sino implica menor organización y experiencia empresariales, elementos también indispensables porque lo relacionado con carreteras es un asunto complejo.

LO INDICADO POR EL TAN controversial Ministerio de Comunicaciones, Infraestructira y Vivienda es muy claro: el gobierno construirá las obras y los ganadores de las licitaciones previas solo deberán mantenerlas. En otras palabras, se repetirá lo ocurrido con la carretera entre Palín y Escuintla, cuyos altos costos de peaje y la periódica alza de estos permite pensar en un negocio francamente bueno para los inversionistas desde haber logrado el contrato en 1998, en tiempos de la presidencia de Álvaro Arzú. Esa carretera se encuentra en muy buenas condiciones y solamente fue notorio el error del lugar donde habían sido colocadas las casetas de cobro, en una pendiente relativamente pronunciada donde hace algún tiempo ocurrió un accidente de tránsito.

AL ANUNCIAR ESTA FORMA de negociación, el gobierno debe tomar en cuenta una consecuencia indudable: la reducción de determinados impuestos cuyo fin es el del mantenimiento de carreteras, entre ellos uno aplicado al costo del galón de gasolina. Es curioso el término utilizado por los funcionarios gubernativos: “libramiento”, porque podría considerarse como un derivado del término “librar”, es decir rescatar a algo o alguien de un problema o peligro. Ese tipo de caminos, a mi entender, evitarían el paso por poblaciones, con beneficio de tiempo para los usuarios pero con algún nivel de reducción de la actividad económica de los comercios de dichos lugares. Pese a ello, es digna de análisis la posibilidad de este tipo de cobros.

UN FACTOR ADICIONAL EN el caso de las carreteras construidas por el Estado y otorgadas a las empresas para su mantenimiento, es la necesidad de una revisión de estas últimas en todo lo referente a planificación, construcción y uso de materiales de calidad adecuada, porque ello incidirá en la vida de las obras, aunque el mantenimiento sea el adecuado. Hay una opción imposible de ser aceptada por la población: la de construir las obras con fondos gubernativos y luego entregarlas a empresas privadas sin algún tipo de limitaciones para evitar abusos o incumplimientos. A causa del aparente poco interés gubernativo en terminar con la megacorrupción, todas las obras de infraestructura necesitan ser explicadas públicamente para evitar la opacidad.