Las relaciones entre Guatemala y Belice experimentan sobresaltos cada cierto tiempo cuando se producen hechos de sangre en la zona de adyacencia, que separa o une, según como se quiera ver ese asunto, los territorios de estos dos países vecinos.

El miércoles pasado soldados beliceños abrieron fuego contra tres campesinos guatemaltecos desarmados. Las víctimas fueron Julio René Alvarado, de 13 años de edad, quien murió en el lugar de los hechos; su hermanito, Carlos Alberto, de 11, y el padre de ambos, Carlos Alfredo Alvarado Ramírez, resultaron heridos. El cadáver del niño presenta ocho orificios de bala, cuatro de ellos en la espalda. Los heridos están en un centro médico de Belice y podrían ser procesados.

El Gobierno beliceño sostiene que el campesino y sus dos pequeños hijos atacaron a sus soldados y estos dispararon en legítima defensa; versión a la que el Gobierno de Guatemala no le concede la menor credibilidad y califica el ataque como una agresión cobarde e inaceptable, por lo que ha presentado la correspondiente protesta.

Los tres sembraban pepitoria en el momento de ser tiroteados. Y, ¿cómo puede creerse que un niño de once años de edad, atacara a los muy bien armados soldados de Belice?

El Gobierno beliceño, hasta hoy, no ha dicho que encontró armas en poder de los sembradores de pepitoria. Tampoco fueron encontradas en el lugar donde se produjo la tragedia. Así que ¿con qué atacaron a la tropa de Belice?

A este conmovedor incidente se suman otros —diez en total— ocurridos en esa zona fronteriza. El sábado, 29 de marzo de 2014, en horas de la tarde, los hermanos Tomás y Feliciano Ramírez chapeaban un terreno en preparación para la siembra de maíz y pepitoria, cuando aparecieron del otro lado soldados beliceños y abrieron fuego contra ellos. El primero murió al instante. Feliciano escapó ileso y retornó a su casa.

En otra ocasión, una patrulla armada beliceña incursionó en Petén. Fue capturada por autoridades de Guatemala y pocos días después, sin abrir proceso, fue devuelta a Belice.

Lo ocurrido hace cinco días ha causado revuelo internacional, por el despliegue de soldados guatemaltecos enviados a la zona del crimen. Algunos titulares de la prensa internacional describen la tensa situación como preludio de una guerra entre los dos países. “Suenan tambores de guerra”, escribió un corresponsal. Pero, no habrá guerra alguna. Todo problema debe ser resuelto con talento, con respeto total a los derechos humanos, y con acatamiento a normas del Derecho internacional.

Ni un guatemalteco más debe perder la vida, como consecuencia de lo sucedido, porque ambos países están obligados a resolver sus problemas mediante el ideario civilizado de la solución pacífica de los conflictos internacionales. Así, el envío de fuerzas de seguridad al lugar del crimen por parte de Guatemala tiene una misión de protección a la población y no de preparativos para cañonear a Belice.

Guatemala debe interesarse, eso sí, porque el hecho sea investigado judicialmente; que las víctimas sobrevivientes y sus familias sean indemnizadas; y que el Gobierno de Belice reconozca su responsabilidad total por el comportamiento de sus militares, ya que todo indica —a la vista de los antecedentes históricos y del crimen reciente— que esos ataques forman parte de una política institucionalmente establecida por el régimen beliceño.

Y ya no hay duda de que todo Estado es responsable por crímenes causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de responsabilidades que puedan ser atribuidas a los funcionarios o empleados públicos que los cometan.

Diez asesinatos de civiles indefensos —tal es la historia— deberían ser suficientes para entender que no debe ser demorada más la solución al diferendo entre Guatemala y Belice, ya sea en acuerdos bilaterales o en la Corte Internacional de Justicia. Y en todo caso no hay que culpar al pueblo de Belice por lo que hace su Gobierno.