La aprobación del salario diferenciado en cuatro municipios de tres departamentos ha desatado la controversia sobre el tema, en especial por grupos que desaprueban el aval que ha dado el Gobierno a una medida llena de fondo y aristas.

Concebida como una forma de estimular la instalación de empresas en las áreas afectadas, el salario diferenciado legaliza lo que en la práctica sería una violación a los derechos de los trabajadores, esto es, tener que aceptar un pago inferior al mínimo contemplado para el país.

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre había logrado sortear algunos problemas políticos que amenazaron su imagen en este período transitorio al frente del país. Sin embargo, ha entrado al conflicto al intentar lo que, según su criterio, es una decisión correcta de beneficio a los trabajadores en los sectores afectados por la disposición del salario diferenciado.

Esto ha ocurrido porque, aunque en la práctica hay muchos lugares donde no se cumple con pagar el sueldo mínimo, muy diferente resulta legalizar esa opción y darle la posibilidad de consolidarse dejando sin efecto algunos de los varios tratados internacionales que el país ha suscrito en materia laboral.

Las consecuencias de una violación a esos tratados pueden ser mayores a los beneficios que se esperan. No hay que perder de vista que en el mercado internacional de servicios, muchas naciones están a la expectativa de cualquier problema en que incurran los países competidores para denunciarlos y lograr que sean excluidos de acuerdos e inversiones internacionales que hoy son parte de los beneficios que Guatemala ha recibido en alguna medida.

El presidente Maldonado Aguirre acierta cuando dice que la gente no come a base de teorías; cierto es que en las zonas donde campean la pobreza y la falta de oportunidades, el esfuerzo por estimular inversiones puede ser parte de la solución, pues si algo ha dañado al país social y económicamente es el desempleo.

Sin embargo, como toda decisión política, tiene un lado bueno y otro malo. Hay consecuencias que pueden y deben afrontarse al decidir el camino, pero esa elección debe ser debidamente meditada para que el daño que pueda generar no supere al beneficio proyectado.

Por otro lado y como corolario a estas ideas, vale la pena recordar que Guatemala es signatario de una buena cantidad de acuerdos internacionales donde se busca crear condiciones específicas para el desarrollo armónico de las relaciones entre países, así como las condiciones mínimas para el desarrollo adecuado del ser humano.

Es inadmisible la violación a estos acuerdos que están más allá de nuestras leyes. En todo caso y si existe un desacuerdo importante, mejor resultaría denunciarlos y retirarse de la aceptación, mas en ningún caso es válido romper esos tratados voluntariamente suscritos, dadas las consecuencias que ello implica. Obvio resulta pensar ahora que este entuerto sea una razón para llevar a un desagradable punto de desgaste. Maldonado Aguirre no se debe preocupar por el qué dirán, pero sí está obligado a velar porque sus decisiones no causen más daño que beneficio al país.