EL LUNES ANTERIOR FUE publicado en Prensa Libre un campo pagado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), en el cual hace varias consideraciones respecto a los cambios necesarios en el texto de la Ley de Tarjetas Crédito. A mi juicio son razonables y al actual Congreso de la República se le presenta una buena oportunidad de actuar en beneficio tanto de la población, es decir de los tarjetahabientes, como de los bancos y demás instituciones financieras emisoras de ese instrumento de pago. De hecho, los banqueros asociados reconocen de manera tácita algunas de las razones causantes de la ley mencionada de la manera como la aprobaron los diputados integrantes de la legislatura actual: el abuso contra los ciudadanos.

HABER DEJADO AL criterio eminentemente financiero y comercial el manejo de un instrumento del cual depende un importante porcentaje de la economía nacional, como ocurre en la totalidad de los países del mundo, contribuyó a crear una manera de trabajo en el cual el ciudadano se siente acosado. Ciertamente, como todo, la responsabilidad personal es el factor fundamental para la aceptación de todo contrato, como es el caso de las tarjetas de crédito. Ciertamente, se trata de una actividad riesgosa para los emisores, pero este factor no es muy distinto, aunque podría tener un porcentaje mayor, del riesgo inherente en toda actividad bancaria. Pero los porcentajes de interés y demás condiciones causaron la emisión de la ley suspendida temporalmente.

LA ABG RECOMIENDA proteger los derechos de los usuarios, eliminar los excesos en la gestión de la cobranza, apoyar la educación financiera de los tarjetahabientes, normar los derechos y obligaciones de los participantes, es decir del público y los emisores, así como definir los parámetros para el uso adecuado y consciente de la tarjeta de crédito, para propiciar de esa manera la confianza en su uso como forma de pago, ante la ventaja de permitir transacciones económicas sin la necesidad del uso de efectivo, y con ello contribuye a la economía nacional. Esto encaja en su señalamiento de la existencia de reglas claras, basadas en la transparencia, para las relaciones entre los tarjetahabientes, los establecimientos participantes y los emisores.

AUNQUE ESTE DOCUMENTO es aceptable, como expresé, debió tener referencias más claras en estos aspectos fundamentales: uno, señalar cuál es el porcentaje defendible y explicable en el cobro de intereses, calculado en relación al existente en la banca de países desarrollados, con esas reglas claras indicadas por la ABG. Dos: cuáles son las formas de cobro en esas naciones, así como de promoción del uso de las tarjetas. Tres, permitir el pago en términos aceptables de una deuda amortizada por el usuario en base a la cuota mínima. Todo eso integra también la transparencia mencionada en el documento, porque en buena parte esta se relaciona con la información disponible para quienes voluntaria, no cuasiforzadamente, adquieren una tarjeta.

LOS DIPUTADOS DE LA ACTUAL legislatura tuvieron varias clases de motivos para legislar como lo hicieron. Evidentemente, la primera fue una actitud revanchista, disfrazada con el manto de una protección al consumidor. Pero lo importante es reconocer, como lo hizo la ABG, la necesidad de tomar en cuenta los legítimos intereses de todas las partes. Campañas para explicarle al usuario por qué se justifica tener más de una tarjeta, por ejemplo, deben ser fomentadas. No es ilógico, como no lo es tampoco cuando un restaurante limita la venta de licor. Los analistas señalaron las consecuencias terribles de la ley como fue aprobada, pero nadie debe tener duda de la necesidad de no dejar a la voluntad de una de las partes la relación entre los tres actores.