Si la democracia se asienta sobre el peso de los votos de la ciudadanía y estos de las leyes y su reglamentación, el proceso electoral 2019 es un campo minado sobre el cual todos los partidos políticos se están jugando su existencia política.

Las reformas del 2016 fueron hechas a la carrera motivadas por la comprobada corrupción. No hay critica en tratar de corregir eso. Donde la hay es en no prever cómo funciona el sistema en el interior del país, en las dificultades para cumplirlas y en no tomar en cuenta las limitaciones burocráticas, el entendimiento de las logísticas del proselitismo propias de un partido político, y las enormes dificultades de poder cumplir debido, a las “lagunas” que han dejado.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fueron hechas hace dos años, pero la implementación sistémica dentro del TSE está atrasada. Hay dos unidades que aprobó la reforma: La Unidad Especializada Sobre medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Y la segunda: La Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas. Se tiene nombrada a la persona, pero no ha entrado a funcionar como tal. Los partidos andan a la deriva. No se les ha dado los criterios específicos para la entrega de informes etc.

Uno de los requisitos de los Partidos es “la apertura de una cuenta bancaria”. Pero los bancos con cobertura nacional, temiendo responsabilidades, se niegan a abrir las cuentas amparándose en “reservarse el derecho de admisión”. Resultado. Los Partidos no tienen una cuenta bancaria.

Otros reglamentos imposibles de cumplir: “Constancia del Minfin que el candidato se encuentra “inhabilitado” como contratista del Estado”. A lo cual este ente responde que: “solo se le puede dar la inhabilitación a alguien que ha incumplido en algún contrato o tiene deuda en el fisco, por lo tanto “la constancia de extender una certificación de inhabilitado al ciudadano que está habilitado, no tiene sentido”.

El número 3 : “Constancia de precalificados del Micifi de “no figurar como parte de empresa inscrita”, es un cuello de botella porque solo hay “una” sola unidad en todo el país a la cual tienen que acudir “todos” los candidatos, desde candidatos a presidentes, alcaldes y “todos los miembros de corporaciones municipales” en total más de 36 mil personas. Absurdo…

Inscripción de asambleas: En el Registro de Ciudadanos que tiene a cargo la unidad de Organizaciones Políticas se descarga en “una” persona la inscripción de actas de todos los partidos políticos a nivel nacional, incluyendo comités proformación y grupos promotores. Hay actas del 2016 aún pendientes…

Se está limitando al ciudadano de poder participar en un evento electoral, porque según el criterio del director del Registro, solo puede hacerlo donde “originalmente se empadronó. La ley dice “donde se encuentre empadronado”. Artículo 53 del reglamento y 206 de la Ley.

No se incentiva a los más de dos millones de jóvenes aún no empadronados. El horario de 7 a 14 horas es un absurdo mayúsculo. Hay confusión entre empadronamiento, y la “actualización de datos que venció el 14 de enero del 2018.

Otras dudas que el TSE no aclara, es lo relativo a los donantes que aportan más de Q30 mil y su inhabilitación para ser contratistas del Estado. El TSE no ha dicho con qué periodicidad o si es acumulativa esta suma. ¿Es por año, por evento electoral, por mes, por trimestre o por aportación? La Ley no especifica esto.

La Cámara de Radiodifusión ha interpuesto una inconstitucionalidad sobre un artículo de la LEEP que determina pagar la pauta política a los medios al 20% de su costo…(¿?).

Muchas lagunas. Un total enredo electoral…