Esta penosa realidad es de las más comunes en millones de hogares guatemaltecos, porque ha de ser una  minoría la que tiene la posibilidad de eludir el drama de convertir la mayor parte de su  vida  en un tormento cotidiano causado por el peso que las deudas acarrean. Una de estas dramáticas situaciones  afrontan miles de agentes de la Policía Nacional Civil,  cuyo salario se reduce a recibir unos Q50 o Q100 al mes, ya que están endeudados a niveles incomprensibles y, por supuesto, insostenibles.

El caso de un cuerpo de policía impactado por esa situación   adquiere especial relevancia, porque sus integrantes ocupan una posición relevante  en el control ciudadano, lo cual puede explicar, aunque nunca justificar,  los actos de corrupción, algo que, a su vez, demanda el involucramiento de las más altas autoridades, pues para nadie es un secreto que los aparatos de seguridad tienen un historial de conducta inapropiada al que nadie parece querer afrontar y poner  freno.

En promedio, un guatemalteco percibe al mes, en concepto de sueldo, unos Q2 mil 500, mientras que un policía devenga en el mismo período casi Q4 mil, con un bono incluido,  lo cual los ubica  por encima de la media nacional, pero ese dinero nunca será suficiente  si se atiende que, en promedio, la canasta básica requiere  poco más de Q3 mil mensuales. Si a eso se agrega que los núcleos familiares pueden llegar a tener cinco o seis integrantes, la situación se convierte en una mezcla poco conveniente para que se pueda llevar una vida normal.

A lo interno de las filas policiales es común escuchar que los ingresos extras, ilegales  por supuesto, representan  el equilibrio de la economía familiar, y por ello es que resultan criticables los operativos, muchos de los cuales no  cumplen con los reglamentos de rigor  ni con los objetivos  que  sirven de pretexto para prevenir la siniestralidad de la época y mucho menos   combatir los indicadores de inseguridad, como se puede observar en la periferia del cerro El Naranjo, donde con frecuencia los maleantes lanzan cadáveres.

Si bien esta es una realidad oprobiosa, en esa problemática tienen mucho que ver las autoridades responsables de la cartera de Gobernación, pasadas y actuales, que durante los últimos años se han concentrado en onerosas y oscuras compras y concesión de contratos millonarios que sin duda habrán dejado algo de “sobras”.

Mientras, el apremio y las penurias embargan a miles de agentes que a su vez encuentran en las calles a infractores y víctimas propicias para equilibrar las finanzas domésticas, ya que las deudas no dejan de crecer, lo cual no puede tener un final feliz.