La primera vez fue el burdo autogolpe del delincuente Jorge Serrano Elías, quien lo confesó abiertamente hace poco en un programa de casi una hora otorgada con toda generosidad por CNN, en el cual aseguró estar dispuesto a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad. En esa ocasión el máximo ordenamiento jurídico del país fue salvado porque actuaron hombres valientes del Tribunal Supremo Electoral, del mismo Congreso y de la Corte de Constitucionalidad.

LA SEGUNDA VEZ fue el año pasado, cuando por cinco meses se libró la lucha por defender la Constitución de otro burdo ataque, protagonizado por la señora Sandra Torres, entonces de Colom, para justificar su idea de ser candidata a la presidencia, en una especie de monarquía conyugal tropical cuyo absurdo sobresale aun más conforme pasa el tiempo. Bastaba con leer el Diccionario de la Real Academia de la Lengua para entender el significado de parentesco, es decir, “vínculo por consanguinidad, afinidad, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta”. Hubo debates de todo tipo, hasta lograr los fallos legales, pero sobre todo obvios, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte de Constitucionalidad.

DURANTE EL 2012 EL ataque fue sutil, pero no por ello menos peligroso: vía las reformas constitucionales. El presidente Pérez Molina fue convencido, sin duda alguna, por personas con algún tipo de razones para obtener beneficios por el cambio en esos textos, y por ello insistió en aprobarlas y en hacerlo con premura. De la misma manera como en los otros dos casos, pero en especial el segundo, fueron numerosos los editoriales y columnas periodísticas llenas de razones lógicas y jurídicas para hacer a un lado esa idea, porque aunque exista cierta uniformidad de criterio en cuanto a la necesidad de hacer algunos cambios, también hay esta unanimidad en cuanto a sospechar de cambios adicionales hechos a espaldas de los ciudadanos.

POR ESTAS RAZONES, EL 2013 debe ser escenario de discusiones técnico-legales acerca de posibles cambios a la Constitución, pero previamente con el acuerdo político, como ha ocurrido en otros países, de no agregar ni quitar nada a lo decidido por el consenso de los sectores sociales. El primer acuerdo debe ser el de la necesidad de reformar primero la Ley de Partidos Políticos, para acabar con los tránsfugas, cambiar el sistema de elección por planillas, y otros igualmente causantes de desprestigio a los políticos y de decepción a los grupos ciudadanos. El presidente tuvo la habilidad de usar una razón verdadera para dejar de insistir en los apresurados cambios: su prioridad debe ser ahora atender a los damnificados de San Marcos.

PODRÍA PARECER MUY SEVERO calificar de ataque a la Constitución la sugerencia de cambios. No lo es, porque esta Carta Magna aún no ha sido desarrollada en la totalidad de sus conceptos, y porque tiene en su seno muchas instrucciones de cómo actuar. Entonces, la insistencia en los cambios fue el factor desencadenante de las críticas generalizadas. Hay un año para trabajar, porque a partir del 2014 se empiezan a preparar las luchas preelectorales para la confrontación final de los comicios del 2015 y entonces aumentará enormemente el riesgo de cambios inconvenientes y politiqueros. No quiero terminar este artículo sin presentar por este medio mis mejores deseos a los lectores de esta columna porque el 2013 sea un año mejor.