Ante las múltiples tragedias de los días recientes, en las que se vieron envueltos buses del transporte extraurbano, se han levantado muchas voces pidiendo más regulación bajo el supuesto de que ello evitará futuras tragedias. Yo considero que ese es el camino equivocado, empedrado de buenas intenciones, que llevará a más tragedias en el futuro. Lo que hay que hacer es resolver el problema de raíz, y eso solo se logrará abriendo el sistema a la competencia.

Quienes argumentan que más regulaciones evitarán las tragedias, olvidan que todo el sistema de transporte extraurbano ya es un sistema ampliamente regulado —y corrupto—, en donde el Gobierno establece los parámetros, concede a un pequeño grupo de propietarios de buses el privilegio de utilizar ciertas rutas y prohíbe cualquier competencia que no esté “avalada” por las ya existentes instituciones que controlan ese sistema. En pocas palabras, ya existen regulaciones, ya existen oficinas gubernamentales encargadas de poner “orden” en el transporte extraurbano, ya existen delitos y penas para quienes infrinjan esas regulaciones y como consecuencia causen agravios a los usuarios del transporte. Y aun así, las tragedias siguen sucediendo.

¿Se evitarán las tragedias, se evitará la transgresión de las normas, se evitarán las irresponsabilidades de los propietarios y de los pilotos, con mayores y más severas regulaciones? ¿Se evitarán con la creación de nuevos entes burocráticos de “control”? Para nada. Simplemente se hará más engorroso el sistema y los que siempre terminarán pagando el pato serán los usuarios.

El sistema mismo establece los incentivos para que tarde o temprano se den las tragedias. Los propietarios no se esfuerzan por dar un mejor servicio ni por mantener en excelentes condiciones sus buses porque ¿para qué?, lo hagan como lo hagan tienen garantizados sus ingresos, ya que nadie más puede entrar a prestar el servicio en “su ruta”. Ello tiene como consecuencia menor gasto en mantenimiento, buses en malas condiciones y, adicionalmente, menos buses de los que realmente se necesitan —si no, no irían sobrecargados—.

Los pilotos tampoco tienen ningún acicate para mejorar su servicio o cumplir con todas las regulaciones de tránsito. Saben que si cometen alguna falta basta con que les den unos billetes a los policías y todo se arregla. Saben que a los usuarios no les queda otra que usar sus servicios, ya que nadie más que los buses del cartel pueden circular por esas rutas. Y los usuarios, a merced del cartel, se ven obligados a utilizar esos servicios, a sabiendas de que pueden incluso estar arriesgando su vida, pero no les queda otra porque el sistema eso es lo que fomenta.

Si realmente se quisiera resolver el problema, se debe empezar por abrir el sistema a la competencia. Ello implica dejarlo abierto para que cualquier persona que lo quiera pueda competir con el actual cartel del transporte sin ninguna limitación más que aquellas de seguridad que ya establece el reglamento de tránsito. Que no se necesite un permiso especial que dependa de la voluntad de algún funcionario —que es lo que al final establece el cartel—; a lo sumo, un registro en donde cualquiera que quiera brindar el servicio se inscriba, pero nada más.

La competencia es la única forma a través de la cual se puede llegar a la mejor combinación de buen servicio al mejor precio. Si existe posibilidad de competencia, aquellos que no den un buen servicio a un buen precio, poco a poco perderán su negocio. Cuando el sistema es regulado por los mandatarios, lo que generalmente se obtiene es un sistema corrupto, con precios no de mercado y con todas las nefastas consecuencias que ya se mencionaron arriba. ¿Por qué tenerle miedo a resolver los problemas de raíz y conformarse con simples cambios cosméticos que no darán ningún resultado?

Fb/jjliber