Anteayer, una nota de este matutino (Deportada sigue pensando que está en EE. UU.), leía que “Antonia Federia o Federica Antonia” regresó deportada esta semana al país. Aparentemente, tiene algún impedimento que limita su capacidad cognitiva. Además, no porta un documento de identidad. Entonces ni siquiera un nombre cierto se le conoce a esta persona. Supongo que mucho menos la fecha o el lugar de su nacimiento. Confundidos, los del hospital mandaron a consultar al Renap; quizás supusieron que ahí aparecería algo. Pero según la nota, la mujer, quien vivió por años en Estados Unidos, no apareció en el sistema, pues jamás tramitó un DPI. Antonia, le llamo en estas líneas, consciente de que ese tal vez ni siquiera sea su nombre. Esta importante historia apareció en la prensa un día cualquiera; y es posible que el lector haya imaginado que el suyo es un caso aislado, una curiosidad, de esas que pasan. Ojalá, aquí les digo, que así lo fuera.

El caso de Antonia, más bien, ha de verse como una muestra reveladora de la situación que viven los connacionales afuera del país. Hace unos meses mencioné, en esta misma columna, que hechos puntuales han coadyuvado a que la población migrante guatemalteca carezca de los documentos esenciales de identidad nacional. Hablaba de que podrían ser hasta 400 mil las víctimas. Y el tema ni siquiera trata aún sobre el DPI, sino acerca de aparecer correctamente —aunque sea para comenzar— en el mentado sistema del Registro Nacional de las Personas. Es decir, existir, legalmente. La tarea ha sido ignorada y pospuesta por cada uno de los gobiernos, desde que empezó a develarse el problema. Hace once años ya, en 2007, los consultores Dwight Bustamante y Patricia Bracamonte, colaborando para el Plan para la Erradicación del Sub-registro del Renap, recogían información que advertía que hasta un 21% de los nacimientos ocurridos en ciertas zonas rurales carecieron de inscripción registral. Zonas rurales, que coinciden con las regiones de mayor expulsión migratoria, según coinciden el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Internacional para las Migraciones y agencias de seguridad estadounidense. Es decir que hay evidencia de que muchos de quienes salieron del país ni siquiera estaban —o están— inscritos. Y el sistema consular guatemalteco carece de una vía para registrarse afuera del país.

Así el caso de Antonia, así el caso de cuántos más, que no son detectados por el periodismo. La nota revela que, postrada en un hospital nacional, confundida, aún cree que vive en Estados Unidos. Regresó expulsada; doblemente indocumentada; ni de aquí, ni de allá; probablemente con alguna afección cognitiva —ya sea temporal o permanente— que le impide tener conciencia de su realidad, soltada a la calle, básicamente a su suerte. La mujer pasó por las manos de la Dirección de Migración, de Cancillería, de la Secretaría de Bienestar Social, de la Sosep, del Conamigua y de tanta otra burocracia que dice encargarse de las personas retornadas.

En nuestro país, tan necesitado de políticas que llenen los vacíos que impiden el desarrollo, es importante trazar prioridades realizables para cada agenda. Y en la migratoria, el caso de Antonia traza un mapa claro de tres prioridades necesarias, en tres ejes fundamentales: I. El consular, la formulación de un Plan Nacional de Registro en el Exterior; II. El doméstico, la creación de la Política Nacional para la Atención al Retornado; y III. El diplomático, que elabore una posición internacional, que abogue por los derechos fundamentales de las personas expatriadas.

Esta semana, el presidente Trump hablaba sobre migrantes y animales. Útil el caso, pues habríamos de ser verdaderos animales para seguir permitiendo este trato para personas tan vulnerables, como “Antonia Federia o Federica Antonia”.

@pepsol