El juez Arnoldo Orellana ligó ayer a proceso a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por el presunto fraude consistente en un plan para purificar el Lago de Amatitlán mediante el vertido, en esas aguas, de una fórmula “mágica” que estudios posteriores evidenciaron que solo era solución salina, sin que tal proceso de limpieza contemplara siquiera la eliminación o tratamiento de las aguas servidas que desembocan en ese cuerpo lacustre.

La decisión tomada por el Juzgado de Villa Nueva constituye el segundo caso penal en contra de la exmandataria que se une al proceso que se le sigue por el escándalo de defraudación tributaria conocido como La Línea, en el cual también se le sindica de ser una de las cabezas de la estructura que evadió millones de quetzales de la recaudación tributaria, principalmente por operaciones en Puerto Quetzal.

Curiosamente, la atención de la opinión pública se concentró en la aplicación del “agua mágica”, en marzo del año pasado, cuando la entonces vicepresidenta gozaba aún de los privilegios de su investidura y defendía denodadamente el proyecto.

El 23 de marzo hizo un recorrido por el Lago, acompañada por la entonces ministra de Ambiente, y aseguró que las aguas ya no tenían mal olor, entre otras afirmaciones que fueron objeto de sorna en redes sociales. La postura crítica del sector científico y la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas llevarían a la anulación del demencial plan, que se adivinaba como un fraude.

Guatemala, tristemente, arrastra un largo historial de abusos en los que ha incurrido la mayoría de los políticos que a la sombra del poder han llegado a acumular fortunas que difícilmente podrían justificar. Muchas de estas tropelías han sido cometidas precisamente por quienes alcanzan las más altas posiciones de poder, como lo evidencia el otro caso en el que está envuelta Baldetti, junto con el expresidente Otto Pérez Molina: la defraudación aduanal, descrita por un testigo convertido en colaborador eficaz.

Evidentemente, ambos procesos sientan desde ya un precedente para los gobernantes, los funcionarios y los diputados, y es innegable que el giro para luchar en favor de la transparencia se dio gracias a la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, específicamente con la llegada de Iván Velásquez, quien ha sido el claro impulsor de esa renovación en la investigación y la persecución criminal. Esto es lo que ha permitido que solo en el último año hayan sido capturadas muchas de las figuras más relevantes de la política nacional.

Aunque se trate de procesos emprendidos al amparo de la ley, resulta vergonzoso que figuras públicas que fueron electas mediante voto popular terminen tras las rejas alegando inocencia con débiles argumentos y frases falaces, cuando se tienen claras evidencias sobre sus desmanes.

Estos hechos constituyen un importante mensaje para quienes intenten pasarse de listos y aspiren a un ilícito enriquecimiento, y también para aquellos que ilusamente crean que pueden socavar al Ministerio Público o la labor de la Cicig.