La reducción de la tasa de interés por el Banguat, que normalmente se hace para estimular la actividad económica, es una expresión de insatisfacción con el crecimiento esperado. La nueva calificación de Fitch refleja la percepción de que las perspectivas de la economía guatemalteca son de un crecimiento estable, sin mejoras, mediocre.

En el informe de Fitch, el empresario extranjero que podría invertir en Guatemala leerá acerca de lo que actualmente es negativo para el crecimiento en nuestro país: indicadores de desarrollo humano inadecuados, gobernabilidad débil, un Congreso bloqueado, crimen, conflictos sociales y perspectivas de inestabilidad macroeconómica debido a una baja recaudación de impuestos.

También leerá que Guatemala tiene bajas tasas de ahorro e inversión, una débil intermediación financiera y una alta tasa de crecimiento de la población. Según Fitch, estos factores impiden que en el más largo plazo el ingreso por habitante en Guatemala crezca al mismo ritmo que el grupo de países que tienen buenas posibilidades de cumplir con sus obligaciones financieras, grupo al que aún pertenece Guatemala.

El empresario extranjero no necesariamente concluirá que todo está perdido en Guatemala. Fitch explica que su evaluación futura podrá ser más favorable si mejora la recaudación de impuestos y la gestión presupuestaria, si aumenta el crecimiento y la inversión, y si hay avances en materia de gobernabilidad y desarrollo social. Pero el empresario también podrá identificar riesgos que enumera Fitch: deterioro de las cuentas fiscales, dificultades de contar con acceso a recursos externos y aumentos del crimen y de los conflictos sociales.

¿Qué relación tiene todo esto con la actual estrategia de promoción de la inversión del Gobierno? Ninguna. El tema de exenciones de impuestos, tan destacado en la política de promoción de inversiones, ni se menciona en el informe de Fitch, pero este sí le asigna importancia al impacto negativo del deterioro de las cuentas fiscales, que las exenciones favorecerían. La búsqueda de flexibilidad laboral, otro ingrediente central de esta estrategia, tampoco se menciona en el informe de Fitch, aunque enfatiza lo negativo que es la conflictividad social, que una ley de este tipo seguramente generará.

Una mejor infraestructura, con acuerdos público-privados bien diseñados y honestos, puede favorecer la inversión, pero la historia de corrupción asociada a las inversiones en infraestructura en Guatemala requiere algo más que buenas intenciones. Y las inversiones en recursos naturales pueden regularse cuando el Estado tiene autonomía y es capaz de garantizar procesos de información, consulta y gestión de conflictos, pero con un Estado sin estas capacidades y alineado con ciertas élites económicas, estas inversiones agudizan las tensiones sociales. Lo que se requiere es una nueva estrategia para impulsar la inversión y el crecimiento.

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