El veredicto popular fue unánime en cuanto a considerar y confiar en que la jueza Jisela Reinoso debía ser declarada culpable por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, como efectivamente lo dictaminó el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, al condenarla a la pena de once años de cárcel.

Pero inmediatamente después de conocerse el fallo, también el descontento popular se hizo sentir en las redes sociales, en rechazo a una condena que es vista como benéfica contra alguien que utilizó una alta posición dentro del aparato de justicia nacional para hacerse de bienes con recursos que sus ingresos difícilmente le permitirían.

En el imaginario social se marcaba la percepción de que esa sentencia debería haber sido mucho más severa, debido a las implicaciones en términos de desprestigio que le acarrea a un sistema falto de credibilidad. Esto se debe a que Reinoso es apenas la cara más visible de un modelo de justicia que ha dejado muchas dudas, por los constantemente denunciados nexos con estructuras ligadas al crimen, en un sistema urgido de reinventarse para, de esa manera, recuperar la confianza perdida.

A causa de la decisión de los jueces de aplicar el menor de los castigos establecido para cada uno de los delitos juzgados, este caso no puede dejar de ser visto como un fallo que busca salvaguardar al gremio, pero que, como consecuencia, aumenta la erosión de un organismo que todavía tiene otros retos por delante en procesos también enderezados contra otros dos altos exmagistrados.

Antes de esa discutida resolución, la jueza Reinoso arrastraba una imagen que reñía con la legalidad y por ello provocó estupor que haya tenido la intención de aspirar a ser fiscal general. Quedó fuera de la competencia debido a una oportuna intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo cual se vislumbró que pronto comenzarían acciones legales en su contra, como ocurrió.

Sobre la exjueza Reinoso había señalamientos de por lo menos otro ilícito, pero el Tribunal Tercero fue benévolo al no admitir los cargos por incumplimiento de deberes por no haber actualizado su declaración anual. Esto, también discutible, debería ser revisado, porque de hecho deja el negativo mensaje de que los funcionarios públicos pueden obviar ese paso, cuando en cualquier país medianamente avanzado en los temas jurídicos, las declaraciones de haberes deben ser reportadas.

Pese a estas consideraciones, esta condena, aunque signifique el menor castigo contemplado en la ley, envía un poderoso mensaje hacia quienes pretenden abusar de sus altos cargos dentro del Estado para lucrar y buscar un enriquecimiento ilícito a cambio de los favores que permiten esas posiciones, lo cual conlleva riesgos para la impartición de justicia o de favorecer a estructuras criminales con fines perversos. Si bien la orden del Tribunal también deja inhabilitada a la exjueza Reinoso para ejercer cualquier cargo público durante el período que dure su condena, esto debe hacerse extensivo a cualquier privilegio o cargo en el Organismo Judicial, y se debe proceder contra los bienes mal habidos, a fin de que se respalde el compromiso contra la corrupción.