No cesan las malas noticias para la ciudadanía y el sector salud. A la crisis de abastecimiento de medicamentos y otros insumos que propició por varios meses paros en los hospitales públicos; al obsceno recorte del presupuesto del MSPAS para el 2016, se suma ahora la decisión de la Corte de Constitucionalidad, de amparar a la empresa JI Cohen por el recurso que interpusiera en contra del reglamento de registros farmacéuticos del Ministerio de Salud, y que obligará a que más de 400 productos, incluidos medicamentos genéricos que han sido ya evaluados clínicamente y aprobados en otros países, no puedan registrarse en Guatemala a menos que se hagan nuevamente los estudios experimentales y clínicos que permitieron la inscripción inicial del producto innovador por parte del laboratorio productor que tenía la patente. Así reza el comunicado de la gremial de fabricantes de productos farmacéuticos esta semana.

Es evidente que detrás de un amparo de este tipo hay una pugna de intereses entre importadores y productores nacionales de medicamentos; tampoco es raro en nuestro medio que se emplee el “estado de Derecho” para dirimir esos asuntos. El caso es que este amparo en particular tiene graves implicaciones directas para los ciudadanos y para todo el sector salud, que seguramente la CC no sopesó lo suficiente cuando emitió juicio, a pesar de que el Ministerio de Salud se pronunciara al respecto, señalando las consecuencias negativas de la medida.

Hasta ahora, el “reglamento técnico centroamericano de productos farmacéuticos para uso humano” ha sido el instrumento empleado por el Laboratorio Nacional de Salud del MSPAS para regular lo referente a los medicamentos que se venden en el país. Pero esta decisión implica que solo las empresas productoras y/o importadoras que tengan capacidad financiera e institucional para replicar dichos estudios podrán registrar los productos farmacéuticos en Guatemala. No solo se reducirá en el corto plazo la disponibilidad de genéricos y nuevas alternativas terapéuticas, sino que se incrementará su costo, limitando más el acceso de la población. Recuérdese que el primer rubro de gasto en salud para los hogares, son los medicamentos. Por otra parte, el escaso presupuesto ministerial alcanzará todavía menos para abastecer la red pública de servicios, lo que acelera el riesgo de caer próximamente en otra crisis.

Nótese que los beneficiarios de estos negocios con el Estado son principalmente distribuidores e importadores que controlan un mercado que ya estaba, antes de esta decisión de la CC, altamente concentrado. Un análisis efectuado a la base de datos de Guatecompras en 2013 mostró que entre el 2004 y el 2013 eran 4, apenas, las empresas que habían acaparado contratos para abastecer al MSPAS, y por montos arriba de los Q300 millones.

No es la primera vez que la CC dictamina sin asesorarse bien, sobre asuntos que requieren de un conocimiento técnico especializado. Que yo sepa, no le corresponde tampoco dirimir pugnas entre agentes económicos. Su papel es velar porque se cumpla lo que establece la Constitución y, ojalá, proteger los derechos de la ciudadanía. Lo que se anticipa en cambio, es una nueva violación al derecho a la salud y otro gran golpe a la autoridad ministerial, dado que la resolución deslegitima el procedimiento instituido por el MSPAS para tratar lo concerniente a productos farmacéuticos. El precedente que sienta la CC tiene, además, potenciales repercusiones a nivel centroamericano, pues ha puesto en jaque el reglamento que regula los asuntos concernientes a los productos farmacéuticos en la región.