Cuando Jimmy Morales llegó a la Presidencia en el 2016 tuvo la oportunidad de impulsar una política integral de combate de la corrupción que carcome al Estado, porque en gran medida su triunfo electoral se debió al hartazgo de la población a la cleptocracia instaurada por el Partido Patriota. Sin embargo, lejos de unirse al clamor que se levantó a partir de las grandes movilizaciones populares del 2015, el mandatario prefirió subirse al barco de la corrupción y la impunidad, lo cual ha tenido resultados desastrosos para el país. La organización Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción, en el cual Guatemala, lejos de avanzar, se ha hundido durante el gobierno de Morales entre las naciones con los peores resultados, lo cual impacta en la imagen externa.

De un total de 180 países estudiados, los percibidos con menores niveles de corrupción son, en su orden: Dinamarca (puesto 1), Nueva Zelanda (2), Finlandia (3), Singapur (4), Suecia (5), Suiza (6), Noruega (7) y Holanda (8). En el continente americano, los mejor ubicados son Canadá (9), Estados Unidos (22), Uruguay (23), Barbados (25), Chile (27), Bahamas (29), San Vicente (41), Dominica (45) y Costa Rica (48). En el extremo contrario se encuentran Guatemala (en el puesto 144), Nicaragua (152), Haití (161) y Venezuela (168). En un año nuestro país perdió un puesto porque en el 2017 se ubicaba en el 143 y es muy probable que en la próxima medición caiga aún más. El índice utiliza una escala de 100 (muy transparente) a cero (muy corrupto). En el caso de Guatemala, el deshonroso lugar lo ocupa al haber obtenido apenas 27 puntos, o sea dentro de la escala de países muy corruptos.

La corrupción va más allá del saqueo de los recursos del Estado. Es un tumor que se extiende y amenaza los cimientos democráticos de la sociedad, afecta el crecimiento económico y debilita el Estado de Derecho. Esa situación se agudiza cuando las máximas autoridades del país no solo protegen, sino que alientan la delincuencia de cuello blanco. En los dos últimos años el gobierno de Jimmy Morales ha enderezado una acción política para obstaculizar primero y luego aplastar la labor de la Cicig. La alianza que tejió con sectores empresariales y militares para lograr la salida de esa comisión fue conocida a nivel nacional e internacional, lo que indudablemente redundará en la forma en que el país es percibido. Sobre todo ahora que ya no deja lugar a dudas sobre cuáles son sus intenciones. Esos desplantes han incluido la soberbia y la forma poco diplomática, por no decir patanería, con que la canciller Sandra Jovel se ha dirigido al secretario general de las Naciones Unidas y los oídos sordos a las peticiones de respetar el Estado de Derecho, lo cual ha tenido eco a escala global.

Esa percepción de dejar el campo libre a la corrupción también se manifiesta en las acciones que se han lanzado para tratar de mancillar la independencia de instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público (MP). En una actitud de envalentonamiento, el presidente Morales no ha acatado los fallos de la CC, ha criticado abiertamente la labor del MP y le ha retirado el apoyo policial, con el fin de debilitarlo. El mandatario llegó incluso a cuestionar las investigaciones penales contra sindicalistas del Ministerio de Salud señalados de haber sustraído Q14 millones de esa cartera y del caso IGSS-Pisa, que causó la muerte de 51 pacientes. El impacto que tiene la decisión del gobierno de desmantelar la lucha contra la impunidad pasará factura al país en la percepción internacional de que no está interesado en atacar la corrupción, lo cual afecta el ingreso de inversión extranjera y el efecto negativo que esto tiene en la economía nacional.