El Congreso de la República tiene más de dos meses de no sesionar, a causa de las triquiñuelas de todo tipo derivadas de la alianza entre los partidos Patriota y Líder, cuya reconciliación política no solo ya es abierta, sino que sus efectos comienzan a ser notorios para los ciudadanos. El presidente del Poder Legislativo, Luis Rabbé, cada vez se manifiesta como alguien incapacitado de lograr que las agrupaciones mayoritarias obedezcan y se abstengan de usar tácticas dilatorias que han llegado a convertirse en una fuente más de desprestigio al sistema de partidos políticos.

La pregunta que debe hacerse es simple: ¿por qué dos agrupaciones que en el pasado reciente se caracterizaban por la virulencia de sus ataques, ahora impiden el funcionamiento del Congreso, lo que implica que los diputados reciban sus emolumentos por no hacer nada? Hay otra, derivada de la anterior: ¿Qué se debería discutir en el pleno que podría afectar espurios intereses?

Una respuesta se encuentra en la necesidad de que se mantenga el estado de Emergencia en varios municipios, como San Marcos, a raíz del terremoto del año pasado, y en otros, debido a la sequía. Ciertamente, esa decisión del Legislativo se justificaba en los primeros días subsiguientes al fenómeno natural, pero ha pasado demasiado tiempo y no se ha hecho prácticamente nada, pero sí hay campo abierto para compras sobrevaluadas, innecesarias, decididas por compadrazgo y, en una palabra, corruptas.

La equivocación de los dos partidos mencionados consiste en creer que la ciudadanía no se enterará de la verdadera razón de este tipo de acciones de contubernio, acompañadas de una notable disminución de los ataques mutuos. Esta estrategia, dicho sea de paso, tampoco es del agrado de quienes viven en un país necesitado de resolver tantos problemas fundamentales para asegurar el cumplimiento de los más básicos derechos humanos, como la misma vida, la salud, la educación y la seguridad.

La teoría dice que la política es la ciencia de lo posible y que las alianzas entre partidos constituyen una forma válida de lograr la participación en el Gobierno. Pero eso es muy distinto a que haya una colusión, por tanto maligna, entre dos fuerzas políticas cuasi tribales —en el sentido de que sus miembros obedecen casi ciegamente a quien las fundó y es el mandamás y dueño—, algunas veces rodeado de unos cuantos individuos aún más incondicionales.

El estado de Excepción en San Marcos y en los demás municipios debe terminar, simplemente. Es indebido, inmoral e ilegal no informar a cabalidad de los gastos en los que se ha incurrido, en el momento y motivo de las compras a mano libre en estos meses. Las tragedias naturales —incendios, terremotos, sequías prolongadas, etc— deben ser combatidas con urgencia y sin valladares burocráticos. Pero todo tiene un límite, al que se llegó hace ya tiempo. La primera impresión para quien no conoce estas interioridades es que esa situación debe continuar, pero al analizarse con un poco de cuidado, surge a la luz una razón más para el desprestigio generalizado de la clase política nacional, que solo se ha servido de argumentos legalistas para incurrir en abusos interminables que no ayudan a las víctimas.