DURANTE UNA PRESENTACIÓN pública del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el doctor Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hizo una proposición novedosa y digna de ser analizada y tomada en consideración. Consiste en un impuesto temporal dirigido a los “grandes patrimonios”, como los calificó, a fin de duplicar el dinero necesario para el mejor funcionamiento del Organismo Judicial, los ministerios Público y de Gobernación, así como otras entidades dedicadas a la justicia en el país, con el fin de combatir mejor las corrupción, la impunidad, dar fuerza a la investigación de los crímenes, la persecución de los criminales y otros muy necesarios temas similares.

LA PROPUESTA del dirigente de la CICIG no fue explicada y lo será en el informe del viernes, lo cual agrega interés a ese documento. Aun antes de conocerla a fondo, a mi criterio resulta conveniente analizar los criterios para presentarla, porque tienen relación directa con tres aspectos. Primero, la necesidad urgente de cimentar y aumentar las tareas institucionales para mejorar la calidad del sistema de justicia del país. Segundo, la precaria situación económica del país y del Estado, colocado en este momento en una de las peores situaciones de la historia, si no la peor. Tercero, la explicable actitud ciudadana de reducir al mínimo sus contribuciones al erario, a causa de la interminable lista de ladrones y de corruptos incrustados en el aparato gubernativo.

EN COLOMBIA, SEGÚN RECUERDO, quienes encajan en el calificativo de “grandes patrimonios” realizaron una contribución temporal como la sugerida por el comisionado Velásquez. Desconozco los detalles, pero sin duda se presentaron las condiciones a fin de asegurar el manejo correcto de esos fondos, sin lo cual es muy difícil, casi imposible, el éxito de esa medida cuando fuera tomada. Sin embargo, resulta clara la existencia de una posibilidad en ese sentido, para lo cual la tarea más importante es la del convencimiento a quienes darían los fondos. El sector privado nacional, en un buen porcentaje, tiene confianza en el país, y por otro lado tiene muy claro, como lo ha señalado últimamente en diversos foros, la necesidad de un cambio.

LOS EFECTOS ECONÓMICOS, políticos y sociales de la mala administración del sector justicia, han sido medidos y sus números son imposibles de negar. Por ejemplo, el enorme costo para obtener seguridad tanto en los campos personales como empresariales, y esto se puede medir fácilmente al ver la cantidad de personas y de compañías dedicadas a la protección armada, en vista de la inseguridad general. Otro ejemplo de la gravedad de no tener un sistema legal eficiente lo constituye la matanza sin parar de pilotos de autobuses del servicio urbano, quienes al subir a los vehículos no tienen forma de evitar convertirlos en ataúdes rodantes. Las noticias acerca de uno de estos asesinatos se han convertido en notas de dos o tres párrafos.

LOS PLANTEAMIENTOS DEL comisionado Velásquez siempre han sido serios y serenamente presentados. Por eso sería un error desechar de plano la propuesta. Lejos de eso, se debe profundizar no solo en las razones sino en los efectos de haber tomado medidas similares en otros países. Un viejo aforismo indica la necesidad de ejercer el ingenio para obtener resultados distintos haciendo cosas distintas. Guatemala, y todos los guatemaltecos, lo aceptamos de una u otra manera, se encuentra en el inicio de un cambio, el cual incluye, siguiendo las palabras del presidente estadounidense John Kennedy en su toma de posesión: “No preguntarnos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino nosotros por nuestro país”, en el tan lejano año de 1961.