Las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, licenciada María Eugenia Mijangos, llaman la atención porque se refiere de manera clara al papel de esa entidad en una etapa como la actual, cuando son pan de cada día los escándalos de corrupción presente y pasada. Ante sus ofrecimientos de fortalecer las organizaciones políticas, hacer a un lado las acciones demasiado precavidas y reconstruir el sistema político, es una tarea dura porque necesita de mucha entereza y unidad de criterio y arrojo de todos los magistrados, pues sin duda recibirá andanadas de las fuerzas oscuras en la actualidad dominantes en el escenario de esas agrupaciones tribales y vergonzosas llamadas partidos políticos, sin serlo por carecer de dirigencia presentable, principios y organización.

En términos prácticos, con el fin de comprobar la efectividad de frases muy emotivas pero condenadas a quedarse en el cementerio de las buenas intenciones, el TSE debe comenzar por terminar de colocar la lápida de los partidos descaradamente llamados Patriota y Líder, ya desaparecidos, pero cuyos integrantes se han reagrupado en otras dos hordas agazapadas en el interior del Congreso con otros nombres. Esta gente, de mantenerse en sus curules, garantiza en primer lugar la imposibilidad de pensar siquiera en cualquier tipo de reformas constitucionales, independientemente de quién las haya inspirado. Ciertamente se está repitiendo el caso de la historia reciente de Guatemala, en la cual el Congreso fue objeto de una depuración no solo necesaria, sino apoyada por un porcentaje mayoritario de la población.

Ciertamente también, no todos los integrantes del Congreso se pueden calificar con los mismos términos. Hay excepciones, pero son eso nada más y por ello resulta nula su posibilidad de tener alguna influencia en la conducción del organismo más importante dentro del sistema democrático. Se debe realizar un análisis personal de cada uno, en el cual sean tomadas en cuenta sus actuaciones como diputados, porque en este momento defender la institucionalidad del Congreso se dificulta sobremanera al no poder separar la calidad humana y las acciones politiqueras vergonzosas de un variopinto grupo humano donde no hay diferencias entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, novatos y experimentados, en cuanto a marrullerías, incapacidad, desconocimiento, desvergüenza, así como ilegalidades causantes de persecuciones legales.

El TSE tiene también el reto de aplicar la ley a la Unidad Nacional de la Esperanza, cuyas acciones ilegales justifican y obligan a su cierre. Esto no tiene relación con factores ideológicos, de todos modos inexistentes, sino con el texto de la ley en cuanto al financiamiento de los partidos en la predecible realidad política presente y futura. El resto de partidos, algunos de nombres risibles, no cuentan para nada y por ello la aplicación de lo expresado por la presidenta del TSE puede llevar al país a una muy útil limpia de la mesa de los partidos y sus gavillas. Depurar diputados reduciría su número y ello ayudaría en algo a superar el actual desastre. No hay precedente y por eso no se deben buscar soluciones en el pasado, ni tampoco aferrarse a legalismos y letras muertas cuyo único resultado es beneficiar a los advenedizos.

Toda crisis es fuente de oportunidades, y la actual crisis institucional de Guatemala debe ser enfrentada desde varios ángulos. Se necesita coraje, y si el TSE se mantiene en la línea señalada por la presidenta, logrará el apoyo generalizado de quienes se interesan por el país, más allá de los miopes intereses personales, politiqueros y de cualquier índole. Las leyes pueden y deben ser interpretadas en beneficio de la mayoría, porque muchos casos lo permiten. Aunque no solo en lo político el país se encuentra a la deriva, arreglar esto tiene una importancia mayor a la otorgada en el imaginario social, porque de la estabilidad política se deriva directa o indirectamente la estabilidad económica, derivada a su vez de la estabilidad legal, cuya ausencia ahuyenta las inversiones y sobre todo la confianza.