Lo que todavía no está del todo claro es si la crisis fue inevitable o si ha sido el producto de una de esas estrategias gubernamentales que buscan de alguna manera desesperar a determinados sectores para que se muestren a favor de iniciativas oficiales convenientes, o peor aún, si es una táctica que solo busca crear confusión para gobernar e invisibilizar determinada problemática dentro de la división.

El presidente Otto Pérez Molina comenzó una nueva ofensiva mediática, esta vez orientada a persuadir a la población sobre  la crisis, y a ello se sumaron  las declaraciones que poco antes había dado la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando afirmaba que el Gobierno no contaba con un plan de respaldo para paliar la situación, por lo cual se hacía imprescindible la aprobación  en el Congreso de la emisión de bonos por Q4 mil 500 millones.

Lo cierto es que esta crisis tiene poco de sorpresiva, sobre todo porque si se sabía que estaba vigente el Presupuesto del año anterior, dada la incapacidad del Congreso para aprobar uno más acorde con demandas reales,  las medidas pertinentes debieron ser tomadas con suficiente anticipación; primero, para no caer en un cese de pagos de deuda externa y, segundo, para que el aparato estatal no quedara descapitalizado.

Si bien es cierto que la recaudación tributaria tiene sus altibajos, la marcha anómala de las finanzas estatales se ha dejado  avanzar demasiado tiempo con una inercia tendente al crecimiento y a la dependencia del crédito.

 Ahora resulta que los golpeados han sido incluso aquellos sectores que deben recibir recursos constitucionalmente asignados, los cuales, de acuerdo con la necesidad que les apremia, presionan al Ejecutivo, pero a su vez esto recae sobre el Congreso  como una presión adicional para los mencionados bonos, que no son sino un salvavidas temporal, pero jamás un medio para navegar hacia  horizontes de mayor estabilidad.

Para complicar el panorama, la noche del miércoles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia plantearon un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Pérez Molina y el ministro de Finanzas, Dorval Carías, a quienes señalan como responsables de la falta de pago y piden que se les conmine a hacer efectivo el millonario desembolso de recursos. También trascendió que la misma inquietud compartirían los magistrados de la CC, que igualmente se encuentran a las puertas de afrontar su propia crisis.

Real o ficticia, la crisis está presente, y bien señalan los estrategas económicos  que no es el mejor momento para tomar decisiones trascendentales, ni mucho menos  para intentar repartir culpas. No obstante, de acuerdo con los principios de planeación estratégica, este podría ser el momento para que el PP replantee las prioridades nacionales y deje de lado la politiquería, el gasto en el autobombo y las oscuras asignaciones a proyectos  que se emprenden justo en el año previo a las elecciones.