Cada día se unen más sectores a la exigencia nacional de que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sean aprobadas de inmediato. Hay coincidencia generalizada de que los cambios son urgentes, y que su objetivo es transparentar y democratizar el funcionamiento de los partidos, los procesos previos a las elecciones y varios temas más. Se ha señalado que las reformas propuestas cumplen con la Constitución y por ello pueden ser aprobadas con la seguridad de no cometer errores causantes de ilegalidades.

El tema más importante es la fecha en que esas reformas deben regir las elecciones. A causa de que éstas se encuentran a solo 55 días de distancia, varios sectores y analistas consideran que no pueden entrar en vigencia en este 2015, sino hasta dentro de cuatro años, cuando los guatemaltecos elijan a los sucesores de quienes sean electos esta vez.

La decisión de la fecha en que las reformas sean una realidad jurídica debe ser tomada pensando en cuál es el factor más conveniente para los efectos de que el próximo gobierno no se vea confrontado por la oposición popular constante y sistemática. En las últimas semanas despertó el poder ciudadano y terminaron la tradicional pasividad guatemalteca para exigir sus derechos y manifestarse de forma tan abierta como ha ocurrido, en contra de la corrupción como fuente y nido de los más serios problemas del país, desarrollados y multiplicados durante décadas.

La discusión, en realidad, tiene ya larga data. Coincidentemente, el 13 de julio del 2014, el editorial de Prensa Libre se refería a que el Congreso había aprobado el 5 de noviembre del 2013 una serie de 59 cambios a la ley electoral, que la Corte de Constitucionalidad estudió en once sesiones y dictaminó favorablemente. Los temas eran los mismos a los que ahora están presentes en la propuesta del TSE al Congreso. Eso significa que desde esas fechas estaba clara la necesidad de distintas reglas, en vista que las actuales ya han perdido vigencia o han sido motivo de interpretaciones incorrectas, parcializadas o producto de la corrupción.

Mientras todo esto ocurre, el ambiente electoral de este proceso es muy distinto al de otras campañas electorales. Sólo un aspirante, Manuel Baldizón, da muestras de recursos financieros ilimitados para propaganda, y esto lo pone en riesgo de un efecto contraproducente, sobre todo a causa de que la transparencia y el origen de los fondos ha adquirido una primordial importancia, fácilmente verificable. En resumen, los guatemaltecos quieren saber de dónde viene el dinero.

Es imperativo analizar las posibles consecuencias de dejar los cambios aprobados, pero engavetados por cuatro años. Lo único que debe quedar sin cambio es la fecha de entrega del cargo: 14 de enero del 2016. La primera y segunda vueltas electorales pueden tener un calendario distinto, pues aferrarse al actual, y por ello repetir las mismas reglas del juego, puede ser la causa fundamental por la que el país ingrese a un período de confrontación directa entre gobernantes y gobernados, y también a que en ese período sean realizados cambios nocivos para la permanencia de la democracia actual.