DERIVADAS DE LAS ELECCIONES de 1984 para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, nació el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como la Ley constitucional de libre emisión del pensamiento y la ley de habeas corpus. Han pasado 31 años, por lo cual más de la mitad de las personas adultas y todos los menores de edad actuales han vivido dentro de ese marco jurídico. Conforme se ha ido deteriorando la práctica de los principios democráticos y sobre todo el espíritu de las leyes, comienza a ser evidente un plan siniestro para afectar en forma negativa a los primeros tres avances logrados desde el año ya indicado, por lo cual creo necesario realizar algunas consideraciones.

HA HABIDO VARIOS ataques contra esta libertad fundamental para la democracia. Unos han sido abiertos y otros solapados. Funcionarios como el alcalde capitalino son genuinos enemigos del ejercicio de la crítica. A otros les molesta, pero la aceptan o no se aventuran a intentar disminuirla. El más reciente de los ataques directos es la aberrante Fundación contra el Terrorismo Mediático, cuya vida jurídica fue aprobada por las autoridades gubernativas actuales. En este momento la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo a la Corte de Constitucionalidad, desde ayer encabezada por la magistrada Gloria Porras Escobar, una de las menos difíciles consultas, por ser evidente la respuesta: decidir si ese peligroso ente cumple con la Constitución.

PERO HAY OTRA SERIE de ataques encubiertos, esta vez contra el Tribunal Supremo Electoral. Primero, la tardanza de entregar los fondos estatales necesarios para su funcionamiento, lo cual es un nuevo error gobernativo. Luego han aparecido como hongos, por todos lados, una serie de fundaciones cuya integración responde a una burla para esas necesarias entidades sociales. La maniobra es burda, porque se puede seguir con facilidad la ruta cuyo origen se encuentra en la selva liderista. El actual TSE está defendiéndose de una andanada de intimidaciones realizadas además por panfletos disfrazados de periódicos, redes sociales integradas por gente bajo contrato para desestabilizar de esa forma la figura de los magistrados electorales.

EL TSE, EN POCAS PALABRAS, es blanco de una verdadera emboscada. En un año de comicios, la campaña de desprestigio en su contra puede calificarse de crimen de lesa democracia. Primero, a través de supuestas encuestas cuyos datos técnicos no son serios, se anuncia una victoria en primera vuelta, para de esa manera poder desacreditar los resultados oficiales cuando en septiembre señalen la necesidad de una segunda vuelta, como ha sido siempre. A eso se le debe agregar la desobediencia, abierta y sin decoro alguno, de los partidos políticos al hacer propaganda anticipada y por tanto ilegal —aunque acabo de enterarme de una sorprendente interpretación de la ley, negando la ilegalidad de semejantes acciones partidistas.

CUANDO EL APRENDIZ de dictador Jorge Serrano hizo su torpe intento de romper el orden constitucional, la sociedad civil reaccionó para defender la Constitución, con los positivos resultados ya conocidos. A mi juicio, ha llegado el momento de pedirle a ese importante sector ciudadano a reaccionar en una manera similar, esta vez en defensa del TSE. Esta institución ha sido integrada por una veintena de ciudadanos a quienes se les debe agradecer la legitimidad de todos los gobiernos desde 1985, lo cual no es sinónimo de considerar buenos a los gobiernos electos así. La sociedad civil, a través de sus representantes, y de cualquier otro ciudadano, tienen la obligación moral de impedir el derrumbe de la credibilidad de los resultados electorales.