El domingo anterior, en la edición dominical de Prensa Libre fue publicado un interesante intercambio de preguntas y respuestas entre un grupo de ciudadanos guatemaltecos integrantes de diversos sectores nacionales y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), doctor Iván Velásquez, a quien los invitados a participar aceptaron indicar cuál pregunta única le harían si tuvieran la oportunidad. El funcionario tuvo entonces a su vez la oportunidad de conocer de manera directa cuáles son las dudas en algunos ciudadanos acerca de su tarea, y de responderlas, pero al mismo tiempo de expresar criterios desde el lado de donde él se encuentra. Estoy seguro de la utilidad de este ejercicio periodístico.

Como era de esperarse, fue abordado el tema de las reformas constitucionales. Estas, respondió el doctor Velásquez, no están fuera del mandato de la Cicig, como han aseverado varios críticos, porque son necesarias para desarticular los cuerpos clandestinos de seguridad, y porque también las posibilidades de impunidad se incrementan si no hay independencia judicial, cuya existencia se solidifica con las reformas. Si bien la lucha contra la corrupción es enorme porque hay miles de casos, la ciudadanía lo considera ahora una opción posible. Yo veo sólido este argumento, pero tengo reservas acerca de los riesgos de abrir la puerta a cambios adicionales producidos por los contubernios entre sectores económicos interesados en alianza con partidos de politiqueros.

La lucha contra los corruptos y la persecución penal no son fines en sí mismos, porque de no detenerse sus fuentes es simplemente cambiar de actores y de la profundidad de sus acciones, aunque en los últimos dos años se ha abierto temor entre quienes han participado en los casos investigados. Es necesario generar las condiciones para el mejor funcionamiento estatal, porque si no se le consolida, no puede haber justicia social ni estado de Derecho consolidado, como lo prueban las grandes áreas del país sin autoridad oficial. Un asunto cercano es el funcionamiento del sistema judicial, tema sobre el cual las respuestas del comisionado, si bien se refieran a hechos ya conocidos, al mencionarse en un breve resumen ven aumentarse su importancia y sobre todo sus efectos.

El tamaño de la justicia es muy reducido. Se necesita más eficiencia y eficacia, mayor número de defensores. Los procesos no avanzan por el cúmulo de trabajo, hay demasiados casos pendientes que deben programarse hasta el 2019, así como el litigio malicioso y la persistencia de los amparos. La Cicig, aunque no imparta justicia –labor destinada a los jueces— de hecho sí lo hace porque con sus acciones contribuye con el Ministerio Público y este es parte importante del sistema de justicia. Eso es fundamental señalarlo, pues para el inconsciente colectivo nacional, se trata de una entidad y sus integrantes convertidos en una especie de magos provistos de su respectiva vara mágica. El tiempo se alarga y además de hacer funcionar la mala memoria colectiva, abre la puerta a la decepción.

Muchas son las áreas de discusión acerca de la Cicig, una vergüenza nacional necesaria y causada por la alarma nacida fuera de nuestras fronteras como consecuencia de años de deterioro generalizado. Al no ser esto una realidad exclusiva de Guatemala, podría justificarse la “cicigización” de otros países, pero eso es otro tema. Esta entidad no debe ser considerada como la panacea de todos los males del país, ni mucho menos la fuente de ellos. Si no se logra cambiar la mentalidad de los guatemaltecos, en realidad será inútil o sus resultados no servirán para un cambio de la situación. Lo relacionado con la Cicig es importante, pero requiere de despojarse del simplismo conceptual y buscar culpables fuera de donde están, realmente: dentro de las fronteras guatemaltecas.