A pocos debe extrañar la reacción unánime de los voceros y principales dirigentes del sector privado guatemalteco en referencia a la idea presentada por Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien sugiere crear un impuesto temporal a los “grandes patrimonios”, con el objeto de obtener dinero para trabajar en la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.

Es una sugerencia sin precedentes proveniente de quien dirige una institución también sin precedentes en la historia latinoamericana. El análisis de la evidencia tangible acerca de la precaria situación económica de Guatemala hace que sea necesario pensar en formas de obtener más dinero con el fin de que les sea posible a las instituciones nacionales funcionar de mejor manera.

Se trata de un boceto de una sugerencia próxima sin precedentes, proveniente de quien dirige una organización sin precedentes también. Por eso merece ser analizada cuidadosamente, con la certeza de que no se trata de una idea personal del doctor Velásquez, sino que ha sido de alguna manera estudiada y consensuada con altos representantes de la comunidad internacional, como de los países amigos, cuyos puntos de vista igualmente merecen ser analizados antes de un rechazo o de una aceptación a priori. Va en la línea de la necesidad de tomar medidas novedosas, que vayan dirigidas a lograr el bien común, que es uno de los fundamentos de la democracia representativa.

Mañana, el doctor Velásquez explicará en qué consiste y cuáles son los argumentos. Desde ese momento, los analistas políticos, económicos y jurídicos podrán hacer señalamientos y opinar con propiedad al respecto. Es necesario señalar que el fin de analizar la propuesta, cuando llegue, no debe ser encontrar fundamentos teóricos para rechazarla, sino hacer el esfuerzo de encontrar salidas a la crisis económica, que ya comienza a ser cada vez más clara, una vez terminada la crisis política que comenzó en abril y terminó con la elección de hace tres semanas.

La misma Cicig debe también estar preparada para que la sugerencia que presente sea un documento de estudio sujeto al mejoramiento aportado por formas distintas de analizarla. Muchos expertos han señalado la necesidad de perfeccionar el uso de los recursos, un tema en el que la totalidad de los guatemaltecos conscientes no puede estar en desacuerdo. Pero para ello es necesario también tenerlos en cantidad suficiente para que la posibilidad de funcionar pueda hacerse realidad. Y en esa línea de pensamiento, carecería de sentido rechazar la decisión de discutir este tema, y sobre todo hacerlo por razones exclusivamente teóricas en forma fundamentalista.

El debate se desató de inmediato por la posibilidad de que la sugerencia del comisionado Velásquez pueda marcar el fin de la buena relación existente con el sector privado. Nos parece que sería lamentable, porque su tarea no es la de colocarse al lado de ningún sector, sino servir como una especie de juez de la sociedad guatemalteca, debido a las preocupaciones en la comunidad internacional por la forma como se manejan los asuntos públicos en Guatemala.