Tal como lo evidencia el informe presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, los rumores resultaron ciertos y la realidad constituye una vergüenza: los anteriores gobiernos tuvieron como beneficiarios de los programas sociales a más de 500 mil guatemaltecos que no lo necesitaban tanto como otros en situación de pobreza extrema.

El asunto pasa de ser una desfachatez politiquera a la posibilidad de haber incurrido en dolo, por haber politizado la ayuda gubernamental que surgió con la intención de llevar un mínimo de desarrollo a los menos favorecidos y no para un vulgar clientelismo.

Aunque ahora se afirma que se hizo una depuración por falta de recursos, ya antes la ministra Norma Quixtán había indicado que buena parte de esos fondos se entregaban con claras intenciones de buscar el favoritismo electoral, y aseguró que, según los estudios preliminares que tenían, la ayuda se le estaba otorgando a personas que no la necesitaban.

En todo caso, es lamentable que esos programas se recorten por esos malos manejos y que no se pueda reorientar el aporte a quienes de verdad lo necesitan. En muchos lugares como Baja Verapaz, Huehuetenango, San Marcos o Quiché, por citar apenas las regiones con mayores dramas sociales, la población está pasando verdaderas penurias para sobrevivir, como también ocurre en el Corredor Seco, y quienes más pagan por ese abandono son los niños.

En Guatemala, los programas sociales se manipularon de manera inescrupulosa: primero, porque el acto de entregar víveres o dinero a personas bajo la condición de que salieran a protestar cuando el sector oficial lo necesitara constituye una infamia. Segundo, porque so pretexto de proteger la privacidad de los beneficiarios se ocultaron los listados, tanto en el gobierno de la UNE como en el del PP, pese a que se trataba de recursos públicos. Tercero, el monitoreo de los resultados de los programas fue deficiente y por lo tanto su incidencia real se conoce poco.

En un país con tantas necesidades, sobre todo en materia de combate de la desnutrición, esos programas deberían ser la nave insignia de una renovación del ejercicio político, pero en vez de eso, la miopía política ha trastocado una estrategia de apoyo social en un montaje caro y mediocre, en el cual se han malbaratado recursos públicos para pagarse sus propios espejismos de preferencia popular.

Por otro lado, la acción del gobierno de transición no está exenta de crítica, pues si bien hay limitación de recursos que obliga a priorizar los fondos, simplemente borra a quienes no los necesitan, pero sin proyectar una orientación de ese gasto a las regiones con mayor precariedad.

Este gobierno pudo, a pesar de su corta duración, hacer las cosas de otra manera y legar un modelo más transparente y serio de distribución de ayuda social, para que la administración entrante pudiera tener ya encaminado un mejor proyecto de asistencia, sobre todo tomando en cuenta que a mes y medio del cambio de gobierno no hay un ministro de Desarrollo definido.